La Generalitat sancionará a quienes no paguen el euro por receta
Boi Ruiz, durante su comparecencia ante los medios - efe

La Generalitat sancionará a quienes no paguen el euro por receta

El consejero catalán de Salud prevé «problemas técnicos» en la aplicación de la tasa

barcelona Actualizado:

Cataluña abrirá un procedimiento administrativo que podría derivar en sanción a los ciudadanos que no abonen la tasa del euro por receta. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Salud, Boi Ruiz, en una rueda de prensa para presentar la medida, que se aplicará a partir del próximo 23 de junio y que supondrá un coste medio de 13 euros para cada catalán.

Ruiz ha reconocido que se prevén «dificultades técnicas» en los primeros días de cobro de la tasa, aunque espera que «se solucionen sobre la marcha». El titular de Salud ha expresado también su preocupación por el hecho de que el Ministerio todavía no les haya facilitado los datos para aplicar el nuevo copago estatal, que entrará en vigor el 1 de julio. «Teóricamente deberían haber enviado los datos el pasado día 12 y aún no los tenemos», ha afirmado el consejero, a la vez que ha recordado que cuando los reciba, éstos deberán cruzarse con los de la base de Cataluña. Boi Ruiz ha evitado valorar so será posible hacer el nuevo copago estatala tiempo, aunque ha reconocido la dificultad del proceso. «Dependerá de cómo llegue de trabajada la información del Ministerio», afirma el titular de Salud del Govern, quien ha confirmado la intención del gobierno catalán de «cumplir la ley» e incluir los cambios a partor del 1 de julio.

Respecto al copago catalán, el consejero recordó que afectará a todas las recetas expedidas y dispensadas en farmacias de esta comunidad y aclaró que los ciudadanos de otras comunidades que sean recetados aquí también deberán abonar la tasa. «Si te lo prescribe el médico de otra comunidad no; de lo contrario se le aplicará la medida», asegura Ruiz.

LaGeneralitat estima que cada catalán pagará una media de 13 euros al año por la tasa. El impuesto farmacéutico lo pagará todo ciudadano que retire un medicamento expedido por la sanidad pública en una farmacia en Cataluña, excepto unas 127.000 personas que, por su nivel de renta, quedarán exentas inicialmente.

El titular de Salud del gobierno catalán ha recordado que los ciudadanos exentos de la tasa deberán estar acreditados por el Departamento de Bienestar y Familia como personas con bajas rentas, y que estos datos se actualizarán mensualmente para incrementar o disminuir esa cifra en función del comportamiento de los niveles de pobreza.

Con ese sistema, «se evitará que el euro por receta suponga una barrera para acceder al medicamento», ha subrayado Ruiz. El consejero ha subrayado que «los farmacéuticos no son recaudadores y la ley no les obliga a cobrar la tasa, sino al ciudadano a pagarla», así que ha apelado a la «conciencia colectiva» para cumplir con lo que estipula la normativa.

El euro por receta se abonará por cada receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) retirada en una farmacia catalana con un tope de 61 euros anuales por persona —en 2012 serán 36 euros al empezar a aplicarse a medianos del año—, un máximo al que se calcula que llegará el 12 % de la población (unas 800.000 personas).

50 millones en 2012

La Generalitat estima que con este impuesto, bautizado como «tique moderador» porque busca también un uso eficiente de los medicamentos, se generarán unos ingresos de unos 50 millones de euros este 2012 —100 millones el año que viene—, que servirán para financiar el sistema sanitario catalán. La tasa, que sólo se cobrará en farmacias de Cataluña sobre recetas expedidas por el CatSalut, se abonará por cada receta con un precio superior a 1,67 euros, informa Efe. Gracias a la tarjeta sanitaria y a los sistemas de información, el farmacéutico podrá consultar en línea si el usuario ya ha excedido el límite de 61 euros al año o si pertenece al colectivo exento, que se revisará mensualmente en función de los datos aportados por el Departamento de Bienestar y Familia.

Estarán exentos los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción (PIRMI), de la pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos (LISM) y del Fondo de Asistencia Social (FAS), un colectivo que actualmente suma en total 127.000 ciudadanos.

El impuesto sólo se aplicará a los medicamentos dispensados en farmacia, por lo que están exentos los que se dan en ambulatorio, la medicación de los ingresados en hospitales y los fármacos suministrados directamente por el centro de salud.

En el caso de que un ciudadano no quiera pagar la tasa, el Departamento de Salud está elaborando un mecanismo para que pueda tramitar su queja por la vía administrativa. «Una vez tengamos los datos a esta persona se le abre un proceso administratrivo y la Administración actúa como en otros casos de insumisión a cualquier ley», explica a ABC Toni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Servicio Catalán de Salud (CatSalut).

Asimismo, el farmacéutico podrá avisar al Departamento de Salud cuando no haya podido cobrar la tasa, pero en ningún caso el impuesto se le descontará de la factura de la farmacia.