Cierre de farmacias en Cataluña por la deuda de la Generalitat

El Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña aprobó la medida como estrategia de presión ante los reincidentes impagos del Govern, sumándose así a la iniciativa mantenida por otras comunidades como la valenciana. Se trata del primer cierre que afecta a las 3.100 farmacias que hay en Cataluña y serán los propios colegios profesionales los que, en virtud del decreto 321/97, establecerán los servicios mínimos.

«Es la primera huelga global», indicó el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, Jordi de Dalmases. La iniciativa será sometida a referéndum también esta semana entre todos los farmacéuticos catalanes. De Dalmases aseguró ayer tras la reunión del Consejo que la institución está totalmente abierta a dialogar con la consejería de Salud, que dirige Boi Ruiz, para «intentar encontrar una solución, aunque ésta parece que depende de un tercero», en referencia al dinero del FLA que aún no les ha llegado. Los persistentes impagos del Govern han conducido al sector a una situación «insostenible» que hace que un gran número de establecimientos se encuentren con las cuentas al límite, según indicaron a ABC portavoces del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. La Generalitat prometió a las farmacias que cobrarían el pasado 5 de octubre los 190 millones que les adeuda por los medicamentos dispensados en los meses de julio y agosto, pero el pago no se produjo y lo pospuso al día 9, que también pasó sin que llegara el dinero a las boticas.

Según explicó Jordi de Dalmases, la Generalitat les dice ahora que les pagarán «con un crédito puente el 23 de octubre o con el dinero del FLA que llegará el 31 de octubre». Para algunas farmacias la situación es sumamente crítica, ya que tienen que financiar a la Generalitat, que les paga con una media de 85 días de retraso.

El retraso de dos meses en el cobro de las recetas dispensadas por las farmacias ha provocado ya que dos boticas se han liquidado tras un concurso judicial, otras muchas están en concurso de acreedores y otras siete han pedido el cierre voluntario, informa Efe.

A la difícil situación financiera del sector se añade una «sobrecarga» de trabajo que han tenido que asumir con el cobro de la tasa autonómica por medicamento y el copago estatal, según denuncia Jordi de Dalmases.