La ONG del catalán que espió a niños en los patios pide llevar la inmersión a la sanidad

La entidad, dedicada a promover el uso de la lengua catalana en diferentes ámbitos y que actúa desde hace años en connivencia con el Govern -entre 2012 y 2018 recibió de la Generalitat subvenciones por valor de 3,7 millones de euros-, denuncia la discriminación reiterada del catalán en el mundo sanitario y pide al Govern soluciones urgentes, como que establezca cursos obligatorios de esta lengua para todos los médicos que ejercen en la sanidad pública. Según los datos de la última Encuesta de Usos Lingüísticos de la Generalitat, que corresponden al año 2018, el 45,2 por ciento de la población se relaciona exclusivamente o de forma preferente en castellano con su facultativo, frente al 39 por ciento que lo hace en catalán de forma mayoritaria. Las estadísticas de usos apenas han variado en los últimos años.

En Cataluña, el dominio de la lengua autonómica (nivel C) es obligatorio para acceder a cualquier plaza en un centro sanitario u hospital público (Normativa de la Función Pública 2002). «Para trabajar en la sanidad pública es necesario conocer el catalán», precisan a ABC fuentes sindicales. Reconocen, sin embargo, que al final dentro de la consulta siempre impera el sentido común y en la relación con el paciente prevalece la lengua en la que ambos se expresan mejor. «Es importante, ante todo, y más en esta situación que el paciente explique bien lo que le ocurre y eso conlleva usar la lengua que mejor domina», añaden a ABC las citadas fuentes sindicales.

El facultativo Alex Ramos, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, secretario general del Sindicato Médico Catalán (Simecat) y dirigente de Sociedad Civil Catalana, considera desde su experiencia que «el catalán debería ser un mérito y no un requisito para ejercer en la sanidad pública». Añade que «tampoco debería ser un freno para la llegada de profesionales de otras comunidades» . A juicio del médico «no pueden imponerse más trabas a la atención sanitaria. Lo que debe primar es la asistencia clínica y la empatía con el paciente».

Normativa autonómica al margen, existe un derecho reconocido en la Constitución (artículo 34 del Capítulo III Derechos y deberes lingüísticos) denominado «derecho de opción lingüística» que supone que los ciudadanos pueden dirigirse a la Administración en la lengua oficial que deseen sin que se les pueda denegar el servicio, y que tienen derecho a que los trabajadores de la administración les hablen en esta misma . Tras varios intentos fracasados por parte del Govern de catalanizar el ámbito sanitario, ahora Plataforma per la Llengua denuncia ante la Generalitat el «aumento de casos de discriminación lingüística a pacientes en centros de salud catalanes que no se investigan».

Ante esta situación, que califica de «crisis lingüística en la sanidad pública», la entidad reclama al departamento de Salud que «adopte un protocolo» contra estas discriminaciones que contemple «la provisión de cursos de catalán obligatorios para todos los médicos». En un comunicado, la Plataforma detalla diferentes casos de pacientes que, según apunta, han sido discriminados por expresarse en catalán. La entidad recuerda que recibió la queja de una paciente del Hospital de Figueras (Gerona) que asegura que, al hablar en catalán, un médico le dijo: «Llevo cinco años trabajando aquí y no lo he aprendido, me voy a quedar y no lo pienso aprender», y posteriormente la acusó de racista.

Recoge, asimismo, la queja de un paciente del Hospital de Mataró (Barcelona) que asegura que en urgencias solo uno de cuatro sanitarios se le había dirigido en catalán y que en las ofertas de trabajo del Consorci Sanitari del Maresme, no aparece esta lengua como requisito. El paciente se lo comunicó en una carta, a la que el centro respondió que hay «dificultades interpretativas tanto de la normativa como de las sentencias», pero que está revisando los procesos de selección.

La sanidad se ha resistido siempre al rodillo lingüístico del catalán. En mayo de 2009, la Generalitat -con gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV)- aprobó, con el apoyo de CiU, una resolución para intensificar el uso de la lengua autonómica en el ámbito sanitario. Tal como informó ABC en ese momento, médicos y enfermeras se opusieron a la medida por ser «contraproducente» y la tildaron de «estrategia política». La iniciativa fracasó y se impuso la realidad social.