El castellano en las aulas catalanas: de la inmersión a la insumisión

El sistema monolingüe de Cataluña sigue siendo una excepción en Europa, donde no hay ni un solo país o región con más de una lengua oficial que reproduzca en su red educativa un patrón como el de la Generalitat, un modelo escolar que impone una misma lengua para todos los alumnos . Los expertos llevan años denunciando la politización de la inmersión y reclamando un debate «estrictamente pedagógico» que permita adaptar el modelo a la realidad sociolingüística. Mercè Vilarrubias , catedrática de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanes de Barcelona y autora del libro «Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña», advierte en declaraciones a ABC que los alumnos son las principales «víctimas» de que la lengua se haya convertido en un arma arrojadiza para los políticos.

Frente a las presunciones y a los debates políticos e ideológicos están las inapelables estadísticas . La propia realidad educativa y social tira por tierra los argumentos que durante años ha esgrimido la Generalitat para afianzar al catalán como lengua hegemónica en la enseñanza: la situación de desventaja de la lengua autonómica frente al castellano fuera del ámbito educativo.

Según datos de la preinscripción (durante la etapa de la consejera Irene Rigau ) consultados por ABC, la lengua que conocen y en la que se expresan y se sienten cómodos los niños cuando llegan a la escolarización obligatoria es mayoritariamente el catalán y no el castellano como argumenta la consejería. Según las citadas estadísticas (correspondientes al curso 2013-14), un 15,83 por ciento de todos los que rellenaron la preinscripción en el citado curso, afirmaron entender el catalán, frente a sólo un 7,23 por ciento, que alegaron que la lengua en la que se sentían cómodos era el castellano, menos de la mitad con respecto a los primeros.

Las encuestas a la población también lo sustentan. La más reciente, encargada por Sociedad Civil Catalana (SCC), concluye que solo un 14,4 por ciento de los catalanes es partidario del modelo lingüístico actual (todas las asignaturas en catalán, excepto la de castellano y las lenguas extranjeras). Según el citado sondeo, realizado en 2015, un 33,8 por ciento de los catalanes opta por una educación trilingüe (catalán, castellano e inglés) y un 28,2 por ciento prefieren una educación bilingüe (mitad en castellano, mitad en catalán). Encuestas anteriores, como la impulsada por este diario en 2011, apuntaba que el 81 por ciento de los catalanes es partidario de una educación, mitad en castellano, mitad en catalán , en la que las dos lenguas cooficiales compartan protagonismo en las aulas.

Al margen del desgaste político, legal y social que han supuesto estos años de duro enfrentamiento, la batalla lingüística en Cataluña ha tenido un impacto negativo en los resultados académicos. Varios informes realizados por Convivencia Cívica Catalana (CCC), basados en los informes PISA (2006, 2009 y 20015), constatan que el fracaso escolar es mucho más importante entre los alumnos castellanohablantes y los inmigrantes en Cataluña. Los datos más flagrantes, correspondientes a PISA 2006, señalaban que un 48,6 por ciento de los alumnos inmigrantes en esta comunidad eran incapaces de adquirir unos conocimientos mínimos, frente al 15,5 por ciento de los alumnos autóctonos que estaban en esta situación.

De espaldas a las estadísticas y a la realidad sociolingüística, la Generalitat lleva años desoyendo los fallos lingüísticos, parapetada en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que blinda la inmersión. Varias sentencias judiciales firmes -una del Tribunal Constitucional (TC), más de diez del Tribunal Supremo (TS) y varias del Superior de Justicia de Cataluña (TSJC))- obligan desde hace años a la Generalitat a modificar su dictadura lingüística en los colegios y a aumentar la proporción del castellano en el currículo escolar. Diez autos del TS, dictados entre el 6 y el 14 de marzo de 2013, establecían que cuando un alumno pide clases en castellano y catalán «el sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno». Los defensores de la inmersión celebraron ese pequeño avance que supone abandonar la atención individualizada y extender la obligatoriedad de dar más castellano a todos los alumnos que comparten aula con el estudiante que lo ha solicitado.

Ningún pronunciamiento judicial ha hecho reaccionar aún al gobierno catalán, que defiende el modelo monolingüe y solo accepta la atención individualizada en los casos amparados por la ley. Todos los partidos políticos, excepto el PP y C's , son cómplices de ese desacato.

Los padres que en 2006 arrancaron la batalla por el bilingüismo ven ahora como su causa ha quedado en punto muerto. La vía judicial, que supone una peregrinación de años por los tribunales, solo se traduce en un 25 por ciento más de castellano (una asignatura más) y la vía Lomce, habilitada por el ex ministro José Ignacio Wert, que sufraga la escolarización en castellano en algunos casos, tampoco supone una alternativa, ya que «primero deben costear las familias las matrículas y los únicos colegios en los que pueden obtener educación bilingüe son centros de élite con precios que no pueden permitirse», denuncia en declaraciones a ABC el presidente de CCC, Francisco Caja .

Otro de los argumentos repetido reiteradamente por el gobierno catalán es que cuando finalizan la etapa de escolarización obligatoria, los alumnos catalanes dominan perfectamente el castellano. Para secundar esta idea se escudan en las calificaciones que obtienen los alumnos en Lengua y Literatura Castellana cuando se enfrentan a la Selectividad, resultados que llevan años "bajo sospecha".

Convocatoria tras convocatoria hay una diferencia sostenida de nivel entre las pruebas de castellano y las de catalán que, lejos de resultar casual, se repite invariablemente cada año por el empeño, no confesado, de la Generalitat de bajar el listón en la prueba de castellano con el fin de demostrar que los estudiantes catalanes están al mismo o incluso a un nivel superior que los del resto de España en cuanto al dominio de esta lengua y que, por lo tanto, no existe «conflicto lingüístico».

El rodillo lingüístico también llegó a los comercios hace años. Las multas a estos establecimientos por no rotular en catalán están incluidas en la Ley del Código de Consumo de Cataluña que se redactó en los últimos gobiernos de Jordi Pujol. Su puesta en marcha, sin embargo, no tomó cuerpo hasta la llegada en 2010 del tripartito (PSC, ERC e ICV) a la Generalitat. Fue en aquel momento cuando empezaron a reactivarse las sanciones.

Fue el inicio de una carrera ascendente de sanciones que llegó a sus cifras máximas de recaudación en 2015, cuando las multas a empresas aumentaron en un 173 por ciento . El importe de las multas también ha ido en aumento (de los 51.350 euros en 2014 a los 140.000 euros de 2015). El PP es el único partido que se ha mostrado beligerante en este asunto y ha pedido al Govern que se paralicen los expedientes sancionadores.