Barcelona retira la Medalla de Oro al primer alcalde franquista de la ciudad, Miquel Mateu

El acuerdo también reconoce la «dignidad» de los funcionarios que pasaron por un proceso de depuración sin las mínimas garantías de defensa, y que fueron condenados incluso a ser destituidos por mantenerse leales a su cargo y a la administración.

Se incorporará un copia del acuerdo a cada uno de los expedientes de la serie de Represalia Politica del Fondo del Ayuntamiento de Barcelona del Archivo Municipal Contemporáneo, donde se custodian, para que se conozca la anulación de las sanciones.

El consistorio prevé notificar el acuerdo a los afectados y a sus familias, a través de la publicación del acuerdo en la Gaceta Municipal, el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en la página web de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona y en el Archivo de la ciudad.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha celebrado la retirada de la medalla, que ha contado con el voto favorable de todos los grupos y la abstención del PP: «Retiramos los honores al alcalde que nos represalió después del golpe de Estado», y ha criticado el posicionamiento de los populares.

«La amnesia del PP no es neutral y es negacionista», ha lamentado Pisarello, mientras que el líder popular, Alberto Fernández, ha pedido dejar atrás la confrontación de la Guerra Civil, anteponer lo que une a todos, y que los partidos soberanistas no equiparen el Gobierno central del PP con el franquismo.

Jaume Ciurana (PDeCAT) ha afirmado que se repara la dignidad de los funcionarios depurados: «Hoy tenemos otros inquisidores como Mariano Rajoy y Enric Millo, y estoy seguro de que algún día les reprobaremos», mientras que Jordi Coronas (ERC) ha pedido organizar un acto de reparación para las familias en el Saló de Cent del Ayuntamiento.

La concejal de Cs Marilén Barceló ha amparado su voto positivo en la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo; Carmen Andrés (PSC) ha mostrado su reconocimiento y recuerdo a los trabajadores que fueron «leales al consistorio y a la legalidad republicana».

Maria Rovira (CUP) ha afirmado que se trata de un acto de reparación de la memoria histórica y contra la impunidad del franquismo, y Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha dicho que el acuerdo es de justicia.