Un fundador de Intervida denuncia a Baltasar Garzón por estafa al descabezar la ONG en 2007

El caso se remonta a 2007, cuando el Ministerio Fiscal se querelló contra los fundadores y la directiva de Intervida por un supuesto desvío del dinero recaudado mediante apadrinamiento de niños a actividades que no tenían nada que ver con el fin social de esta entidad sin ánimo de lucro, pero, tras cinco años de investigación, el caso fue sobreseído y Puertas fue absuelto .

La denuncia actual acusa a Garzón, Tura, otros altos cargos de la Generalitat y a administradores y empleados de Educo -la ONG en la que se fusionaron Intervida y Educación Sin Fronteras- de estafa, apropiación indebida y tráfico de influencias , mientras que Garzón suma además los cargos de denegación de auxilio, encubrimiento de delitos y omisión del deber de perseguir delitos, informa Ep.

Según Puertas, la entonces consejera y los administradores que se hicieron cargo de la entidad a propuesta de ella y del juzgado expoliaron la fundación: "La desmantelaron, desoyendo el mandato legal de preservar el buen funcionamiento" .

La ONG fue intervenida a instancias de un juzgado de Barcelona tras la sospecha de estafa, aunque poco después ese juzgado se inhibió y el caso recayó en la Audiencia Nacional y el magistrado Baltasar Garzón.

Sin embargo, tras cinco años de investigación, la Audiencia acordó sobreseer la causa al no encontrar indicios suficientes de que se incurriera en los delitos de estafa, apropiación indebida y societarios de los que se les acusaba.

Asesorado por el abogado Daniel Vosseler y la letrada Leire López, el cofundador de Intervida Rafael Puertas sostiene en su denuncia que los administradores designados por la Generalitat, después de que Garzón descabezara la ONG y bloqueara sus cuentas, destruyeron el 80 % de los proyectos y dejaron sin ayudas a cuatro millones de personas, que quedaron en una situación de «indigencia absoluta».

Además, según ha indicado Puertas en la rueda de prensa en Barcelona, los administradores nombrados por Tura y los gestores amparados por Garzón estafaron supuestamente a 200.000 padrinos españoles de la ONG entre 2007 y 2010, período en el que siguieron pidiendo donativos.

«Resulta una triste paradoja que los administradores propuestos por la Generalitat y confirmados por Garzón cometieran algunos de los delitos más graves de los que falsamente habían sido acusados los fundadores», subraya la denuncia.

En concreto, según el escrito, los administradores y los gestores de la ONG nombrados tras la intervención judicial siguieron recaudado fondos «bajo el engaño de que los proyectos seguían funcionando y los niños disfrutaban de atención médica, nutricional y educativa, en una clara estafa a los donantes».

De esta forma, los gestores y administradores judiciales desviaron supuestamente el dinero recaudado a «otros fines distintos», con la sospecha, según la denuncia, de que «también pudiera haberse producido enriquecimiento ilícito por su parte».

Ante los periodistas, Puertas ha asegurado que también hubo tráfico de influencias porque los gestores de la ONG que les sustituyeron por orden judicial sacaron un «beneficio personal» al contratar a familiares y amigos «con sueldazos» y encargar informes a personas de su entorno.

No obstante, ha reconocido que no les consta que los denunciados se apropiaran para su uso personal de parte de los donativos que obtuvieron supuestamente bajo engaño.

Además, según el fundador de la entidad, tras la intervención los ingresos de Intervida cayeron un 70% mientras que las contrataciones externas crecieron un 545%, hasta superar los dos millones de euros, y a pesar de ello el personal aumentó de 100 a 160 empleados.

Además, ha asegurado que había "intereses ocultos" en la decisión de cerrar la ONG, por ser una de las pocas entidades no politizadas ni religiosas, y ha calificado el caso como falso escándalo mediático .

Intervida era en 2007 la tercera entidad sin ánimo de lucro más grande de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas, contaba con 346.561 socios y manejaba un presupuesto anual de unos 90 millones de euros, con el apadrinamiento de niños como principal fuente de ingresos.