La Audiencia Nacional señala a Puigdemont por reunirse con un empresario del 3%

El juez menciona su destacada participación en tres adjudicaciones de BIMSA presuntamente irregulares: el carril bici entre Bac de Roda y Felip-II, el mirador del pasaje de la Carretera de les Aigües y las obras de rehabilitación en la calle Luca.

Indica el juez que Sánchez Rubio colaboró en poner en marcha una estructura para financiar ilegalmente a CDC de forma encubierta, concretamente mediante donaciones de empresarios, y además recibió dinero de comisiones tras las adjudicaciones fraudulentas.

Según De la Mata, este investigado dio información privilegiada al empresario Josep Manuel Bassols , consejero delegado en Cataluña de la constructora Oproler.

El magistrado encuadra los contactos con el expresidente catalán en 2013, cuando Sánchez Rubio «ayuda a introducir a la empresa Oproler en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Girona» .

«Así se corrobora en el parte comercial que elabora Bassols en fecha 29 de mayo de 2013, donde refleja ese o bjetivo en una visita reunión en Bimsa-Ayuntamiento de Gerona», dice De la Mata.

Unos días después de ese parte, el 4 de junio, se celebró la reunión preparatoria de la visita a Gerona en la que participaron Puigdemont, Bassols y Sánchez Rubio y que tuvo lugar en el Parlament catalán. El objetivo de ese encuentro -dice el juez basándose en información incautada- fue preparar un «nuevo pliego y organización de licitaciones».

Un día después, el 5 de junio, tuvo lugar otra comida entre Sánchez Rubio, Puigdemont y el entonces teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives, que tenía como finalidad «seguir el tema» .

«Tales afirmaciones -concluye el juez- denotan la falta de imparcialidad y la ilegalidad en el comportamiento de un alto funcionario de BIMSA como es Sánchez Rubio».

El ex director general de BIMSA tendrá que declarar el próximo 12 de junio ante De la Mata en calidad de investigado y el ex teniente de alcalde lo hará el día 14, dentro de la ronda de citaciones que hoy ha dictado el juez del caso 3 %.

Entre otras cosas, el juez basa la imputación de Sánchez Rubio en un informe de la Guardia Civil elaborado a partir de la documentación intervenida a Bassols , en el que concluye que el empresario pretendía «extrapolar» el sistema de contratación "fraudulento" de BIMSA al consistorio de Gerona.

Según este informe, tanto Puigdemont como otros cargos de Gerona aceptaron reunirse con Bassols y se mostraron de acuerdo en «mediar, informar e intentar efectuar 'adjudicaciones directas ', consensuar pliegos, etc».

Entre los 23 citados citados del 11 al 22 de junio, muchos de ellos detenidos en febrero de 2017, figuran altos cargos del departamento económico de CDC , directivos de empresas públicas, cargos del Ayuntamiento de Barcelona y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, malversación, blanqueo, fraude, financiación ilegal de partidos, falsedad y tráfico de influencias.

Declararán sobre el presunto pago de comisiones de empresas donantes de Convergència a cambio de la adjudicación de obras, como el túnel de Glòries o la ampliación del Puerto de Barcelona, en la etapa en que el convergente Xavier Trias ostentaba la alcaldía de la capital catalana.

De ámbito de CDC, está citado el exresponsable económico y jurídico del partido Francesc Sánchez , que es el abogado de Víctor Terradellas, detenido ayer en una macrooperación por el desvío de más de 2 millones de la Diputación de Barcelona con CiU y socio del diputado de JxCat Francesc Dalmases, uno de los parlamentarios del entorno de máxima confianza del expresidente Carles Puigdemont.

El juez considera que Sánchez contribuyó «a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido en forma encubierta mediante 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC (Cattdem y Forum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia empresas que colaboraban con 'donaciones' al partido».

También ha citado a la que fuera jefa económica y financiera de CDC Anna Dolors Benítez y al exgerente y coordinador del área económica Carles del Pozo, quienes, según el juez, interactuaron junto con el extesorero Andreu Viloca «en toda la gestión de donaciones».

El director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga , tendrá que responder ante el juez por su antiguo papel como gerente del ayuntamiento de Barcelona, y declarará asimismo Isabel Muradas, subdirectora de Estudios de la Generalitat que dio información privilegiada a un constructor.

Otros de los citados son cargos de las empresas públicas que adjudicaron los contratos investigados, como el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra , empresario del círculo más próximo al expresidente catalán Artur Mas, y Antoni Vives, el ex teniente de alcalde que fue vicepresidente de esta entidad portuaria y presidente de la empresa municipal Bimsa.

De Bimsa están citados asimismo su exdirector Ángel Sánchez Rubio y el que fuera director de obra civil Ernest Santolaria .

Otros de los investigados que acudirán a declarar es Ramón Massague, que fue coordinador de entidades municipales del consistorio barcelonés, y Constantí Serrallonga, ex gerente municipal del ayuntamiento.

Esos días deberá presentarse asimismo en la Audiencia Nacional Pilar Matesanz, directora de contratación de Infraestructures.cat , la principal responsable de la contratación de obra pública de la Generalitat.

Los empresarios que se beneficiaron de las adjudicaciones sospechosas que tendrán que ir ante el juez De la Mata son Ambrosio Martínez (Copisa) , José María Zaragoza y Pedro Javier del Llano (Oproler) , Ramón Anglada (Rubau) , Joan Albert Arqués (Benito Arnó) , Antonio Cañellas (Construcciones Deco) , Ramón Blázquez (Certis) , Joan Maria Pujals (Impulsa Grup) , Antonio García Bragado (Tec Cuatro) , Jordi Soler (Grup Soler) y Jordi Durán (Urbaser) .