Asociaciones cívicas alertan de que quien participe en el 1-O podría cometer delito

«Ningún ciudadano podrá ser sancionado si no se presenta a formar parte de las mesas electorales como presidente o vocal», el próximo 1-O, y « quien acuda podría cometer un delito en calidad de cooperador necesario», señala la guía de la asociación, que además informa de que «ante la negativa del gobierno de la Generalitat de respetar la suspensión del Tribunal Constitucional de la ley del referéndum, la entidad ha decidido iniciar una actuación en defensa de aquellos ciudadanos que vean sus derechos conculcados por la organización del 1 de octubre».

Desde la web de Llibertats se pueden descargar varios formularios, en formato denuncia, pero sin coste económico para el denunciante, para los distintos casos que se pueden dar: funcionarios llamados a colaborar con el 1-O, funcionarios llamados a abrir un equipamiento público el 1-O y ciudadanos llamados a formar parte de una mesa electoral.

La guía también recuerda que cualquier intento de la Generalitat de imponer sanciones -que no quedan establecidas por la normativa suspendida- «no solo sería nulo de pleno derecho, sino que iría contra los principios básicos del derecho administrativo sancionador , lo que pone de manifiesto nuevamente la falta de respeto a los principios del derecho y de la democracia de la ley del referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional».

Suscribiendo esta iniciativa, el PSC recomendó este lunes a los ciudadanos que denuncien ante la Justicia si son llamados a formar parte de las mesas electorales del 1-O. Así lo hizo Salvador Illa, secretario de Organización de los socialistas catalanes, en rueda de prensa.

Illa explicó que en los últimos días la formación ha recibido consultas de militantes y simpatizantes sobre « cómo actuar ante un posible uso irregular de sus datos personales , ya sea para formar parte de una mesa o para pedir su participación» en el 1-O.

Por ello, a través de la web Garantia.cat (del PSC), los socialistas han puesto a disposición un apartado de «asesoramiento jurídico», que envía a los internautas a la web de Llibertats.

Por otro lado, Convivencia Cívica Catalana denunció que el referéndum propuesto por la Generalitat se pretende hacer « sin ninguna garantía , donde la sindicatura electoral es nombrada por ellos, donde el recuento de votos es efectuado por quienes ellos nombren, con instituciones y recursos públicos volcados únicamente en la opción que ellos defienden».

La asociación cívica, presidida por Francisco Caja, rechaza la consulta ilegal y la enmarca en el contexto político provocado por «la clase política nacionalista» que «lleva ya varios años instalada en su obsesión por quedarse con todo el poder en Cataluña, empeñada en montar un Estado donde ellos lo controlen todo y la masiva corrupción política que les ha afectado en los últimos años cuya máxima expresión ha sido el caso del 3% quede impune».

«Estamos presenciando la huida hacia adelante de una auténtica casta política, que lleva gobernando Cataluña desde hace décadas, para escapar de la legalidad y del Estado de Derecho», añaden desde Convivencia.