La última trampa del multilingüismo

Remarquemos de entrada sus virtudes: el libro incorpora buena parte de las críticas que vertimos en el anterior debate contra el Manifiesto de la España Plurilingüe, ante la ausencia en él de una crítica diáfana contra las políticas lingüísticas nacionalistas, y en especial, contra la inmersión, y del que participaron parte de los actuales defensores de esta Ley de Lenguas. No era sostenible poner al mismo nivel la postura del Estado, respetuoso con el bilingüismo territorializado, con las políticas monolingüistas y excluyentes de las comunidades bilingües dirigidas por nacionalistas. Mostrar esa evidencia era una necesidad que cualquier propuesta sobre el particular debía reconocer de salida si quería tener alguna credibilidad. Y lo ha hecho con argumentos y ambigüedades. Sin duda alguna, no gustará nada al catalanismo y al resto de nacionalismos. Lo cuál, sin embargo, no lo hace neutral ni equidistante. ¿Por qué?

Ese rechazo a las políticas lingüísticas identitarias, lleva a la autora a compensar al nacionalismo con el reconocimiento oficial de las lenguas regionales en todas las Instituciones centrales del Estado en pie de igualdad con la lengua común, y reduciendo a ésta a mera lengua opcional y no obligatoria. La medida la vende como instrumental. Con ella, la autora pretende seducir e integrar a los nacionalistas en la conllevancia con el Estado, al hacerles sentir, con tal cesión, parte del Estado. O sea, una nueva indulgencia para contentar al nacionalismo a costa del Estado de Derecho en lugar de forzarle a cumplir sus reglas. La propuesta está en línea con las políticas de contentamiento desplegadas por el PSC y el catalanismo de siempre que nos han traído hasta aquí.

Para lograr ese salto mortal sin rasguño alguno se parapeta tras los derechos lingüísticos individuales frente a los deberes institucionales. O por decirlo en llano, es el ciudadano y no la institución quien tiene derechos lingüísticos. Una obviedad en sí misma que pretende utilizar para obligar a las Comunidades Autónomas dirigidas por nacionalistas a respetar los derechos individuales de los ciudadanos, pero a costa de desmantelar el poder institucional del Estado cuando, desde la ley, regula los derechos de todos. Una de tantas melonadas de la teoría de la seducción que, incluso cuando se reviste de buena fe, puede causar más mal del que quiere evitar. Con un error añadido, presenta tal defensa de los derechos lingüísticos individuales como una novedad, cuando es moneda corriente desde la primera Declaración de los Derechos Humanos en 1948. La propia Asociación por la Tolerancia, en los primeros noventa del siglo pasado, y posteriormente toda la Resistencia al nacionalismo, hizo hincapié en la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos, uno a uno, frente al derecho de las lenguas. “Las lenguas no tienen derechos, los tenemos las personas”, sosteníamos ya entonces. Aunque, todo hay que decirlo, la autora también defiende la supuesta existencia de los derechos lingüísticos colectivos cuando le conviene. Y le suele convenir sólo con los derechos lingüísticos colectivos de las lenguas regionales. El espíritu de la Primera Generación de los Derechos Humanos sólo contemplaba la defensa de los derechos individuales, nunca de los colectivos, porque la defensa de los primeros garantiza los derechos de todos los ciudadanos del mundo, la de los segundos podría conculcar los derechos de terceros.

En cualquier caso, es una lástima que tales derechos individuales no se hayan respetado en las comunidades bilingües desde la Transición. Y sigan sin respetarse. El Estado sí que lo hace. En todas las comunidades bilingües, el Estado respeta el bilingüismo y son las instituciones que de él dependen directamente quienes se amoldan a los derechos individuales del ciudadano. En rotulación, en instancias, en comunicaciones interpersonales entre administrado y administrador, en la expedición del DNI, pasaportes etc., sea en Correos, Policía, Hacienda etc. Dicho de otro modo, el único problema lingüístico real hoy es que los derechos lingüísticos individuales de los ciudadanos españoles hispanohablantes en comunidades bilingües no se respetan. Tampoco los colectivos, si los hubiere. Sin embargo, nadie con preferencia por las lenguas regionales en tales comunidades bilingües tiene problema alguno, muy al contrario, su sobreprotección provoca la erosión de los derechos lingüísticos de los que tienen preferencia por la lengua común. Si alguien tuviera motivos para sentirse agraviado en el terreno lingüístico, sería el hablante de la lengua común, pero parece que a éste no hay que seducirlo, ni compadecerlo.

Esa evidencia radical e incontestable es obviada por la autora, más preocupada por convencer al nacionalismo, que, por hacerle cumplir la ley, más interesada por no molestarle, que por defender al Estado. El síndrome de Cataluña ante la eterna queja nacionalista lleva a la autora a estar más pendiente del estado emocional de los nacionalistas, que de mantenerse firme ante sus chantajes emocionales. Se pregunta contrariada la autora: “¿por qué existe la idea de que el Estado obstruye el progreso de estas lenguas o incluso las ataca?” (Pág.88). Pues, señora mía, porque propuestas como la suya alimentan la eficacia de sus estigmas. El narcisismo del niño consentido.

El equívoco parte de un error inicial: el problema no es lingüístico, sino político. La lengua es un pretexto, no el problema. Y si es un pretexto político no se arregla multiplicando lenguas, sino respetando el Estado de Derecho, no amoldando el Estado de Derecho a los excesos y abusos identitarios del nacionalismo lingüístico.

Cuando Juan Claudio de Ramón o la propia Mercè Vilarrubias, hacen hincapié en contemplar el valor simbólico o la carga emocional de las lenguas, no están hablando de problemas filológicos, lingüísticos, o de eficacia comunicativa, sino de política y de agravios subjetivos. Y si es así, se ha de hablar de política, no utilizar a las lenguas para hacer política, que es lo que siempre ha hecho el nacionalismo. De hecho, todo el edificio identitario del nacionalismo se ha basado y se basa en el victimismo ecológico del catalán. Como si fuera el oso panda en peligro de extinción. El propio Pascual Maragall llegó a decir en la Feria del Libro de Guadalajara (Méjico), que el catalán era el ADN de Cataluña.

Esta confusión entre instrumentalización de derechos lingüísticos y política los ha llevado a ignorar, que, en su nombre, los nacionalistas han establecido en el artículo18 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña que “los topónimos de Cataluña tienen como única forma oficial la catalana…” El abuso se repite en el Estatuto Gallego y Balear. Aquí se aprecia claramente cómo el problema no es lingüístico, sino político, pues utilizan la lengua como instrumento de exclusión lingüística, preámbulo de la discriminación política. Desde un punto de vista filológico, cada idioma tiene sus propios topónimos (A Coruña/la Coruña, Lleida/Lérida, London/Londres etc.), pero en nombre de los derechos lingüísticos colectivos de lenguas minoritarias, supuestamente en extinción, los ignoran, para excluir los derechos individuales de los hablantes de la lengua común, y de paso, erosionar la unidad simbólico-lingüística de España, persuadidos del propio valor simbólico instrumental que le dan a las lenguas regionales. Pero sólo a ellas.

La evidencia de la carga emocional y simbólica de la lengua no es una razón, sino un pretexto, como lo es la carga étnico identitaria de la cultura. El hecho de su existencia no las hace legítimas, ni mejores, ni les otorga derechos colectivos, sino muy al contrario, son la prueba de que son chantajes emocionales subjetivos, como la religión o la pasión por el fútbol si se tomaran como una justificación para hacerlas obligatorias para todos. Son pasiones legítimas, pero patrimonio del ámbito personal.

En realidad, la única novedad de esta propuesta de ley de lenguas es que las lenguas regionales han de extenderse a toda España, y que el español como lengua común, debe repensarse. Aunque no original (ERC ha venido proponiendo fórmulas parecidas desde 1988). El resto es la tramoya, el cebo para enmascarar el anzuelo.

Las dos propuestas en sí mismas violentan el statu quo constitucional actual y alimentan la erosión territorial al convertir en un dogma las ventajas de la diversidad lingüística frente a la eficacia comunicativa de una lengua común. Pero los argumentos son aún más peregrinos. Resulta que debemos convertir a las lenguas regionales, por mor de su condición de minoritarias, en lenguas institucionales del Estado para aumentar la autoestima de sus hablantes: Tal reconocimiento logrará que sus hablantes “se sientan aceptados por lo que son, hablantes de una lengua pequeña, sin presiones hacia ninguna asimilación ni uniformización” (Pág.120). Es increíble, convierte la razón de la política, en un instrumento de terapia colectiva para grupos supuestamente humillados con baja autoestima ante la presencia de lenguas mayoritarias. Como si tal lengua mayoritaria no fuera también la suya, como si el victimismo enfermizo o el complejo grupal fuera justificación para complicarle la existencia al conjunto. Porque no otra cosa es convertir la diversidad local en imposición a colectivos con una lengua koiné de gran eficacia comunicativa. En este sentido, la diversidad lingüística no es un bien en sí mismo, como no lo es la diversidad de medidas y pesas, aunque debamos respetarla a falta de acuerdos; pero no hay duda alguna, que la unidad métrico decimal, o disponer de enchufes homologados universalmente, es preferible a enfrentarse a múltiples unidades de medida. Este pragmatismo se da de bruces con el misticismo lingüístico, pero una lengua no es una religión, o no debería serlo, sino un instrumento de comunicación eficaz para una comunidad de hablantes.

La segunda propuesta es aún más atrevida. Propone la autora: “No debe haber una obligatoriedad respecto al español ni se necesita situarlo en ninguna jerarquía ni asimetría”. Así, el nuevo estatus para el español en esa ley de lenguas lo dejaría reducido a “la lengua común del país para aquellos que así lo perciban y sientan” (la cursiva es de la autora) “Sería la lengua común de aquellos que han consentido a ello, no la lengua común de todos” […] “Nadie debe ser obligado a expresarse en español si así lo desea” (pág. 127).

De un plumazo, ha convertido nuestro mayor tesoro de comunicación, en pura calderilla en nombre de la pluralidad lingüística. Para la autora, el capital comunicativo de una lengua koiné ­-en un país que tanto necesita reforzar lo que nos une­-, es culpable y digno de menosprecio por “jerárquico” y no debe ser situado “asimétricamente” respecto al resto de lenguas regionales. Más allá de las palabras, están las intenciones, y si alguien considera a la lengua de todos los españoles como una imposición jerárquica y una asimetría insoportable, debemos esperar lo peor, y preguntarnos de dónde surge la necesidad de convertir a las lenguas regionales en un instrumento de entropía comunicativa a nivel nacional y a dónde conduce señalarlo. En realidad, acaba por exponerlo: “En España no tenemos una sola lengua nacional, sino que tenemos varias, cuatro de las cuales son nacionales” (Pág.131). Se refiere al catalán, vasco, gallego y castellano, despojada ésta ya de la condición de lengua común. Trasladada la propuesta lingüística a la política llegamos a la nación de naciones de Zapatero, a la confederación de Estados de Podemos, o directamente al reino de Taifas de Al Andalus.

Pero sorprende aún más, que reduzca la diversidad predicada, únicamente al catalán, al gallego y al euskera. No parece considerar al valenciano, ni al mallorquín; aquí sí parece eficaz el catalán como lengua koiné ante la diversidad lingüística y el fondo político que proyecta el catalanismo sobre “els països catalans ”. Pero hay más, si tan buena es la diversidad lingüística, ¿por qué la reduce a estas tres lenguas regionales? ¿Por qué no incluye el bable, el aranés-lengua occitana, al asturiano-leonés, al portugués, al aragonés, al árabe, al Tamazig? No los propongo yo, sino los que propusieron esas mismas tesis en 2013 en el Senado y en 2016 en el manifiesto por una España plurilingüe y con los que ha colaborado. Si acaso añadiría las tres lenguas de Extremadura: el Extremeñu, el Portugués Rayano y la Fala...

¿Si es una cuestión de autoestima de sus hablantes, y sus lenguas están en riesgo, no hay mayor riesgo de desaparición que el de las realidades lingüísticas que excluye la autora?

Y finalmente y para colmo, Vilarrubias nos advierte que las cesiones a las lenguas

regionales deben tener límites ante el temor de que los nacionalistas se extralimiten y lleven sus ambiciones lingüísticas mucho más lejos de lo razonable. El bombero pirómano . Vaya, ¿y qué es lo razonable? ¿Los límites sentimentales marcados por la autora para convencer a los nacionalistas de las ventajas de amar al Estado? Le recuerdo, que el desarrollo de la Constitución a través de sentencias del TC ya marcó como razonable que las lenguas regionales y sus hablantes dispusieran de los mismos derechos en sus respectivos territorios que la lengua común en todo el Estado. Nadie ha mermado esos derechos. Aunque los gestores de esas lenguas regionales han hecho lo imposible por restárselos a los hablantes de la común. Ahí se debería centrar, en lugar de extender ese espíritu inquisidor nacionalista al resto de España.

No sólo las propuestas, también la información puede confundir al ciudadano no advertido. La autora hace trampa al poner como modelo lingüístico ideal para España el pluralismo lingüístico de Canadá y Suiza (A veces incluye a Bélgica y la exyugoslavia también). Pasando por alto el éxito o no de tales modelos en esos dos países, Vilarrubias nos escamotea un hecho diferencial capital: Canadá y Suiza carecen de una lengua común, mientras que España dispone de una lengua hablada por todos, una koiné, o sea, un idioma común. Tal alteración de la información desautoriza el rigor científico que pretende. O aún peor, al escamotear la existencia de la lengua común de España, invalida toda comparación y deja cierta inquietud acerca de las intenciones de la propuesta.

Pasa por alto también el valor de uso de las lenguas en litigio de esos países, todas internacionales: inglés y francés en Canadá; y alemán, francés e italiano en Suiza (el romanche es testimonial (0,60%). No es un argumento moral, pero sí de eficacia comunicativa y alto valor comercial . ¿O debemos ocultar la evidencia?

Y hay una tercera alteración de la información, tan capital como la primera: en Suiza no hay un modelo de pluralismo lingüístico, sino de multilingüismo. En Quebec (Canadá), tampoco, ahí sólo es oficial el francés. Respecto a Suiza, de los cantones del país, en 17 se habla alemán (63%), cuatro son francófonos (25%), en uno se habla italiano (10%) y finalmente el romanche (1%. Cifras sin decimales). Tres cantones son bilingües y uno, el de Grisons, es trilingüe. A efectos reales, en la mayoría de cantones, la confederación lingüística es la consecuencia de la confederación política. El sueño de los nacionalistas de España. Con su demostrada deslealtad, no es difícil colegir que Cataluña tendría su “ lengua propia ” como única oficial. Como ocurre en la mayoría de los cantones de Suiza, donde son ellos, y no el Estado quien determina la oficialidad. ¿Se imaginan ese modelo en Cataluña?

Ese multilingüismo es el que trata de forjar el nacionalismo al excluir al español de las escuelas y de las instituciones y al dar al catalán la categoría jurídica de lengua propia, o sea, única. Esa obviedad, deja en borrajas todas las zalamerías contra la inmersión expuestas por la autora para convencernos de su verdadera intención, ir hacia el multilingüismo pasivo.

Con ello, el descosido está consumado. Y va paralelo a la versión plurinacional de España: España como nación, o España como nación de naciones. La confederación política que pide Podemos y nacionalistas como paso previo a la desintegración territorial de España está urdida con las mismas mimbres. Plurilingüismo como axioma y eliminación de la lengua común como instrumento de unidad lingüística. Un nuevo lazo de cohesión nacional, el valor simbólico remarcado por Juan Claudio de Ramón, deshilachado en nombre de una ley de lenguas que calca el discurso nacionalista en los fines.

Las propuestas concretas de esta ley de lenguas están concentradas a partir del capítulo 7, “ El Estado como nuevo actor lingüístico”, (Págs. 136 y siguientes). Pretende convertir al Estado en cómplice necesario. Seguramente con la mejor intención.

Parte del principio que fundamenta el libro, y que ya he rebatido parcialmente en líneas anteriores: “Las lenguas de España están en el origen de la crisis territorial” (pág.137), sentencia. Confunde el instrumento con la causa. Las lenguas no son el problema del nacionalismo, sino el nacionalismo el problema de las lenguas . El nacionalismo es la causa y el verdadero inductor de la crisis territorial, las lenguas per se no son buenas ni malas, son los hombres quienes las pueden convertir en un medio de comunicación o en un arma de guerra. Exactamente lo que ha pasado en Cataluña y en el resto de comunidades gobernadas por nacionalistas.

El nacionalismo ha instrumentalizado las lenguas para crear un problema territorial, como podrían haber instrumentalizado la religión al modo y manera que hicieron en los Balcanes, o como hicieron con el miedo a la avaricia judía en la Alemania nazi. Nuestros nacionalistas han encontrado en la lengua el hecho diferencial oportuno para imponer aranceles étnicos e identitarios y justificar sus aspiraciones separatistas con apariencia democrática. Cuando caes en ese inmenso error de concepto, estás alimentando la semilla de la confrontación y expandiéndolo al resto del territorio nacional, convertido desde ese instante, en nuevo territorio hostil. Porque no compartes una lengua regional, sino un instrumento de confrontación al llevar, con ella, el virus no resuelto en la propia comunidad nacionalista de la que procede. Debería resolver antes el problema en el espacio donde se ha producido el brote, y preservar al resto de la infección. Resuelto el brote, las prevenciones caerán por su propio peso, y la confianza y lealtad compartida, harán el resto.

Pero la autora insiste en el error una y otra vez: “El fundamento de los nacionalismos rupturistas en España es el lingüístico” (Pág.145). Es como fijarte en el dedo cuando te están señalando la luna. Si fuera como sostienen los plurilingüistas, más razón habría para no extenderlo. Pero no es así, el nacionalismo existiría con o sin lengua. De hecho, en el País Vasco, el racismo de Sabino Arana, junto a los iluminados nacionalsocialistas de ETA, fueron la justificación del nacionalismo vasco y de su violencia. En el fondo del nacionalismo catalán y vasco está el racismo, y hoy es la lengua la disculpa más eficaz para colarlo por democracia. No son racistas las lenguas vasca, catalana o gallega, lo son los nacionalistas que las instrumentalizan. Por tanto, cuanto menos pasemos por ellas para solucionar el problema territorial de España, menos justificaciones tendrán para enmascarar su egoísmo, su supremacismo y su odio a España. Se debe ir a la causa del problema, no a sus señuelos, y enfrentarlo con valentía desde el corazón del Estado de Derecho. Todo intento de arreglar el problema nacionalista cediendo a los mantras plurilingüistas del nacionalismo, es agravarlo, no neutralizarlo. ¿Alguien se puede creer que no habría nacionalistas en Cataluña, si no existiese el problema de la lengua? Si alguien tiene alguna duda, que repare en el ejemplo que pone Arcadi Espada con la legalización de Inglés y Francés en Canadá para aplacar las pulsiones independentistas de Quebec. Los referéndums de 1980 y 1995 desmintieron el remedio, sólo la realidad económica y el hartazgo nacionalista les ha hecho reflexionar. Por el momento.

El presente capítulo, el 7 y siguientes tienen una carga de profundidad, que merecerían por si solos un libro entero. Intentaré rastrear lo obvio, pero habría de rebatirse línea por línea. Todo el capítulo está destinado a capitular ante el nacionalismo, a contentarle, en un intento de que el Estado trague con cesiones estructurales al plurilingüismo, cuyo fin es puro tactismo coyuntural de inciertas consecuencias: “Si el Estado opta por seguir cediendo la dimensión sentimental de las lenguas en exclusiva a los nacionalistas disgregadores, el vínculo de pertenencia a España como comunidad muy probablemente se irá debilitando hasta su exención” (Pág. 147). Reparen que especifica “a España como comunidad”, no como nación. El poso compartido .

Por lo que se ve, para evitar esa cesión “sentimental”, propone “la incorporación sistemática de textos escritos en catalán, euskera, y gallego y la contratación de un número adecuado de funcionarios competentes en estas lenguas en la Administración central para comunicarse con aquellos ciudadanos que así lo solicitaran” […] La ley de lenguas, obligaría “al pluralismo estatal únicamente a las instituciones centrales del Estado, no a sus delegaciones en las Comunidades Autónomas”. […] “Es el Ministerio de Sanidad, el de Educación, y la Biblioteca Nacional (instituciones y organismos centrales del estado, ubicados en Madrid) a los que alude nuestra propuesta de Ley de Lenguas” Pág. 140.

Es increíble, las obligaciones que carga al Estado son incomparables, frente a las que exige a los supremacistas que lo niegan. De hecho, da por supuesto que seguramente no cumplirían la Ley de Lenguas: “es muy posible que los gobiernos autonómicos de signo nacionalista no quisieran inspirarse en los nuevos tiempos y prefieran mantener la misma filosofía de siempre” (Pág. 152.) Con “los nuevos tiempos” se refiere a la ley de lenguas, y con la “filosofía de siempre” se refiere a la imposición del monolingüismo, la exclusión y el adoctrinamiento. Hasta en el tratamiento del lenguaje, huye de molestar al nacionalismo. En una sociedad de comportamientos adolescentes no se debe responder con soluciones adolescentes, sino con pedagogía adulta y responsable. Si consientes a un adolescente, lo educas en el chantaje, si haces pedagogía, propicias adultos responsables.

A medida que concreta la aplicación de la ley de lenguas, se evidencia el disparate. Reserva para la lengua común en las comunidades bilingües un 30% como mínimo. O sea, un 70% para la regional. De esta manera, una lengua con el 55,3% de la población en Cataluña, se habría de conformar con un 30% de representación. Y pone un ejemplo: “Así, las Comunidades pueden, de las 10 subvenciones públicas, otorgar 7 para obras en la lengua cooficial y 3 para el español” (Pág. 160). Sin descartar otras opciones. La intención es lo que cuenta, y la intención es acomodar los derechos de los hablantes de la lengua común a la susceptibilidad de los nacionalistas, no fuera que se molestaran. Ni siquiera confía en que pudiera fijarse un 50%: “Esta podría ser perfectamente la decisión de un gobierno autonómico, pero sabemos que ello raramente sucede” (Pág.161). Ya se lo dice ella, aunque si le quitara lo de “raramente”, y añadiera “nunca”, describiría la realidad actual .

Mejor no rebatir lo que per se no se puede verificar. En Canadá hay dos lenguas, en España, si seguimos los criterios de la propia autora, cuatro. Parte del coste económico del plurilingüismo en Canadá, lo extrapola a España y lo divide por diez con razones arbitrarias. En lo único que se puede hablar de números y verificar tesis, nos deja con la cabeza fría y los pies calientes. Eso sí, cierra el capítulo con una sentencia: Invertir en lenguas es invertir en el futuro. Según cuánto, cómo y, sobre todo, habiendo visto el paño, por quién y con qué objetivos. Pero la inversión pública de lenguas en España, al menos hasta ahora, ha sido invertir en conflictos, exclusiones y en legitimación de privilegios.

El mayor éxito del nacionalismo ha sido, no solo manipular el pasado histórico, sino escamotear, censurar y vaciar nuestro propio presente de todo aquello que pudiera contradecir su relato. Otro gran éxito es haber creado una atmósfera transparente catalanista que penetra todo desde la infancia, y que en demasiados casos forma parte sustancial de comportamientos y percepciones.

La autora tiene todo el derecho a exponer una teoría sobre el particular, no sé si tanto a escamotear, como ha hecho siempre el propio nacionalismo, parte de la realidad que no cuaja con, o contradice, lo que trata de exponer.

Presenta la propuesta de una ley de lenguas como una novedad para seducir, calmar, conquistar la desafección del nacionalismo con España, pero ignora, nos oculta, que tal propuesta plurilingüe ha sido una aspiración recurrente del nacionalismo más separatista (ERC) desde 1989 (Carta de las lenguas del Estado), que cuajaron en una “Proposición de Ley de Protección y Promoción de Lenguas Españolas Distintas del Castellano”, en el Congreso de los Diputados, en 2005. Como ha obviado la Proposición de Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística de España, elevada al Senado en 2013 por un conglomerado de nacionalistas de izquierda (Entesa pel Progrés de Catalunya (PSC-ICV-EUiA), cuyo portavoz era el expresidente de la Generalidad, y por entonces senador, José Montilla, y presentada por el socialista Carlos Martí. Precisamente, al ser rechaza por el Senado, tomó otros cauces políticos que cuajaron en tres simposios sobre el particular en Barcelona, Valencia y Madrid, en los cuales participaron varios defensores de esta propuesta plurilingüistica, entre ellos la propia autora, Mercè Vilarrubias, Joaquim Coll, Juan Claudio de Ramón, etc. (Sobre el particular publiqué en la revista “Claves de la Razón Práctica” el entramado político y el trasfondo nacionalista, así como el debate mediático que provocó en los años siguientes).

Dejar al lector sin esos antecedentes merma el carácter científico del libro, pero ocultar toda la lucha por los derechos civiles de la Resistencia al nacionalismo en el campo lingüístico en País Vasco, Galicia, Baleares, Valencia, y sobre todo en Cataluña, el laboratorio donde cuajó la exclusión de los derechos lingüísticos de la mayoría de ciudadanos, así como la bibliografía al respecto, no es serio. Y un síntoma más del “Síndrome de Catalunya” que tantos contemporáneos padecen. Me explico.

Barrunto, que la ausencia de toda esa información puede deberse a tres motivos: por cuestiones metodológicas justificadas, para no exponer las virtudes de la propuesta a críticas no deseadas, o por arrastrar síntomas del Síndrome de Cataluña. En ningún caso contemplo la posibilidad consciente de servir a intereses políticos nacionalistas. La primera es inatacable, la segunda, es discutible. Me quedo con la tercera. No es una crítica a la persona, sino al resultado: No hay un solo momento en el libro que no deje de pensar cómo contentar, mimar, seducir al nacionalismo; paralelamente, no hay un solo momento, en que haya pensado en el sufrimiento, en la exclusión y en la acumulación de agravios de más de 5 millones de catalanes castellanohablantes en Cataluña, y por extensión a todos los españoles humillados por el nacionalismo. El destino, y la autoestima de esos 5 millones de catalanes no nacionalistas, no parecen preocuparle como foco de conflictos, ni merecer mimo alguno, ni perder el tiempo en seducirlos. Y la manera más incontestable de demostrar ese olvido , es haber vaciado el libro entero de su rastro. La ausencia es tan grosera, que cuando trata de argumentar la dejadez de los poderes del Estado como la causa de la hegemonía lingüística del nacionalismo, se atreve a decir que nadie nunca defendió tales derechos: “El término derechos lingüísticos (la cursiva es suya) ha estado ausente del debate público”, afirma (pág. 112), e insiste en la supuesta falta de defensores: “Los derechos lingüísticos es como si no existieran. Nadie habla de ellos” (98). Aunque se contradiga unas líneas más abajo diciendo escuetamente que en todas las comunidades se han formado grupos de reivindicación de los derechos lingüísticos. Contradicción aparente, porque ni expone sus razones, ni sus avatares, ni sus exclusiones. Así que, para un lector no advertido sólo existe el malestar y agravio de los defensores ofendidos de las lenguas regionales.

En 1996, esa Resistencia ya había clamado tan alto por los derechos lingüísticos conculcados a los castellanohablantes, que el independentista Eduart Voltes, la recogió de forma crítica en “La guerra de la llengua” (Empuries). La publicación hizo más ruido aún, por lo que el editor se negó a reeditar el libro porque en lugar de desacreditar a los críticos con la inmersión, los estaba consolidando mediáticamente. No se entendería la propuesta de esta Ley de Lenguas, sin el pasado de conflictos y exclusiones, con miles de maestros y profesores exiliados, y quebrantos familiares. Un rosario de luchas por los derechos civiles, denuncias ante los Tribunales, numerosas sentencias no acatadas por el departamento de enseñanza de la Generalidad, docenas de manifiestos, conferencias, acciones, informes ante el Defensor del Pueblo, ante organismos internacionales, miles de acciones en la calle, cientos de publicaciones … El Observatorio de la Violencia Política en Cataluña, de la asociación Impulso Ciudadano, acaba de emitir su primer informe la semana pasada. Nada empezó ahora, solo sigue el agravio. Ya en 1981, un profesor de lengua y literatura española fue secuestrado y abandonado con un tiro en la pierna a las afueras de Barcelona por tener la osadía de firmar un manifiesto titulado, “P or la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña”. En 1995, una madre de Salou que pedía enseñanza en lengua materna, fue secuestrada en su propio coche y abandonada en el campo con una brutal paliza y su coche en llamas. La osadía de esta madre fue pedir educación en lengua materna para sus hijos.

Exclusiones, imposiciones, humillaciones… han dejado un sin fin de razones que nadie podrá contrastar con su propuesta. Esa falta de rigor al escamotear la larga Resistencia al nacionalismo y sus razones en defensa de la libertad lingüística , no deben pasar el corte del buen catalán tampoco en esta propuesta del entorno del PSC. Esos catalanes olvidados y sus reivindicaciones deben pertenecer a la categoría de “fachas” y “españolistas” que la propia autora critica a los nacionalistas cuando estos las utilizan para desautorizar al disidente: “Los políticos, intelectuales y gestores lingüísticos nacionalistas son y han sido siempre absolutamente intolerantes ante cualquier crítica a su visión de las lenguas y sus políticas lingüísticas. Por más razonables que sean estas críticas, éstas son siempre desacreditadas. Todos estamos cansados de escuchar los dos términos que inevitablemente se achacan a cualquiera que no muestre adhesión o que dude: facha y españolista” (Pág. 55) No otra cosa es, querida Mercè Vilarrubias , borrar de esta historia todo ese mundo que tan bien conoces, y que está mil veces más jodido que todos los defensores nacionalistas de la lengua propia.

A la luz de lo expuesto, detrás de este libro engañoso, podemos afirmar que hay una propuesta maliciosa. Independientemente de si lo es a propósito, o por ingenuidad. Más allá de las lenguas, sus efectos son una carga de profundidad contra la cohesión nacional de España.

Fermoselle , verano del 2019.