CiU se alía con PPC para que Cataluña se avance dos años al déficit cero

En concreto, la normativa catalana establece que el déficit estructural -aquel corregido por los efectos del ciclo económico- se limitará al 0,14 % del PIB catalán desde 2018, mientras que la ley orgánica, respaldada por CiU en el Congreso, marca un tope del 0 % de déficit estructural a partir de 2020.

El PSC, ERC, ICV-EUiA y el subgrupo de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) han votado en contra de la ley por no compartir el "dogmatismo" que aprecian en ella; Ciutadans también la ha rechazado por considerarla "innecesaria" al existir la estatal, y el diputado no adscrito Joan Laporta sí que ha votado a favor.

Los grupos de izquierda y SI han censurado la "comedia" de CiU por pactar con el PP en el Congreso la ley orgánica que permite la intervención de Cataluña al mismo tiempo que agita la bandera del pacto fiscal.

Estos grupos han aprovechado la nacionalización de Bankia para contraponer los fondos públicos aportados a esa entidad con los recortes que llevan a cabo los gobiernos catalán y español.

Como la normativa estatal, la ley catalana introduce excepciones a la estabilidad en las cuentas en casos de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia legalmente declaradas".

A pesar de la preponderancia competencial de la ley estatal, la normativa catalana incorpora algunas novedades, pactadas entre CiU y PPC, como que "antes del 31 de julio el Govern tendrá que presentar al Parlament el límite máximo de gasto no financiero", el que marcará el techo de asignación de recursos de los presupuestos.

Otra consecuencia práctica de la ley es que el Govern también tendrá que "presentar" ante el Parlament "un marco presupuestario a medio plazo, no inferior a tres años ni superior a cinco, en el que se establecerá una programación coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria".

CiU ha aceptado una transacción en estas enmiendas para evitar que este marco presupuestario se tuviera que someter a votación en el Parlamento catalán, tal como pretendía inicialmente el PPC.

En cualquier caso, la ley estatal ya incorporaba todo un conjunto de limitaciones que afectan a las comunidades autónomas, como la obligación de presentar al Consejo Política Fiscal y Financiera antes del 1 de agosto información sobre su límite de gasto no financiero o bien de remitir al ministerio de Hacienda antes del 1 de octubre los datos clave de sus cuentas.

Los partidos de la izquierda han reprochado al conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que la ley catalana se haya aprobado después de la estatal a pesar de que su intención inicial era avanzarse a ella.