La Eurocámara preguntará a la Generalitat por la discriminación del castellano en sus escuelas

«El Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes», ha asegurado la presidenta de dicha comisión, Cecilia Wikström, en respuesta a la representante de la AEB, Ana Losada.

La presidenta ha desestimado «por ahora» la posibilidad de enviar a un equipo a examinar la situación en los colegios catalanes, porque ha entendido que «preguntar a las autoridades es el paso previo» a tomar esta medida, informa Efe. La representante de la AEB se ha mostrado satisfecha con esta decisión, ya que «por fin se escuchan estas reivindicaciones después de tantos años», según ha explicado en declaraciones a la prensa tras su intervención ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Este martes, la Asamblea por una Escuela Bilingüe y la asociación Impulso Ciudadano han denunciado ante la Comisión de Peticiones en Bruselas la «discriminación y vulneración de derechos lingüísticos» de la comunidad castellanoparlante en Cataluña. La presidenta de la AEB, y Carlos Silva , vicepresidente de Impulso Ciudadano, han expuesto ante los eurodiputados miembros de la comisión las peticiones presentadas por ambas asociaciones en las que se detalla la situación discriminatoria que sufre dicha comunidad en los ámbitos de la enseñanza, del comercio y la empresa.

La AEB ha presentado un informe en el que se expone la vulneración sistemática del derecho de los alumnos castellanohablantes a ser escolarizados en su lengua materna . En concreto, la asociación detallará las situaciones vividas por diversos padres que «se han visto forzados a la escolarización de sus hijos en el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán, un modelo que antepone el uso exclusivo de esta lengua por encima de sus situaciones personales excepcionales (alumnos venidos del resto de España o del extranjero) o necesidades educativas especiales de sus hijos».

Las entidades en defensa del castellano han denunciado también la obligación de rotular en catalán en los establecimientos comerciales y la cascada de sanciones a los supuestos infractores discrimina a los castellanohablantes que tienen limitado su acceso a la información.

Los representantes de ambas asociaciones han evidenciado ante el Parlamento Europeo cómo la política lingüística de la Generalitat «contraviene el marco jurídico de la UE» . Igualmente, han solicitado la intervención del Parlamento Europeo en Cataluña mediante la apertura de una investigación sobre los hechos y situaciones denunciadas.

En particular, pedirán que se analice de qué manera estos casos quebrantan los principios de libre circulación, de integración de las personas con discapacidades o el principio de libertad de empresa y libre prestación de servicios vigentes en la UE.

La vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra , ha explicado tras la comparecencia que «a los catalanes y al resto de ciudadanos que sufren la discriminación lingüística les ha fallado el Estado».

Becerra ha explicado que «la petición de Ana Losada se centra en el sistema de inmersión lingüística en la educación catalana, un sistema que no sólo impide a los ciudadanos que allí viven elegir libremente la lengua vehicular para la educación de sus hijos, sino que castiga a las familias españolas que se trasladan a Cataluña desde el resto del país, por motivos laborales o por los que sean».

En cuanto a la denuncia centrada en las multas lingüísticas que se imponen a los comerciantes que no rotulan en catalán, ha afirmado que esta situación le recuerda «al proteccionismo de Donald Trump , a su America First y a su guerra comercial. Ni Trump ni los nacionalistas catalanes les importa perjudicar a los comerciantes, sólo les preocupan sus objetivos políticos».

Becerra ha recordado que «el adoctrinamiento o manipulación política en las escuelas catalanas contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas», que «protege a los menores de su utilización ilegítima en campañas políticas». También ha señalado que «el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE dispone que las políticas de la Unión deben garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores ». «¿Qué nivel de protección es este que les escamotea la información básica en su propio idioma?», se ha preguntado.

Así mismo, Becerra ha lamentado que «muchos europeos desconocen que el castellano es la lengua más utilizada por la mayoría de los catalanes, igual que muchos ignoran que existe una Cataluña no nacionalista ni independentista», y ha confiado en que la comparecencia sirva para cambiar esta situación.

Por su parte, Losada ha señalado que «soy la voz de muchas madres y padres de Cataluña. queremos romper el miedo a denunciar la vulneración de derechos que sufren a diario nuestros hijos». «No se puede proteger los derechos lingüísticos de unos a costa de los derechos fundamentales de los demás», ha añadido.

Silva, miembro de Impulso ciudadano, ha denunciado que «en Cataluña los derechos lingüísticos de los catalanes se miden por un doble rasero : el de los castellanoparlantes y el de los catalanoparlantes», y que «los inspectores de consumo en Cataluña se han convertido en inspectores de unos pocos».