El violador de Igualada pide su absolución y niega el intento de homicidio

Su perfil, según apunta el informe del grupo de análisis de la conducta criminal de los Mossos, es el de un individuo con problemas para poder reprimir su agresividad e impulsos violentos ante un escenario de enfrentamiento, conflicto o rechazo. «Es probable que se trate de una persona con antecedentes violentos o que le consten hechos donde haya mostrado una conducta agresiva, de menosprecio y vejatoria hacia otras víctimas, con una falta absoluta de empatía».

Y, según los informes de justicia juvenil, así es. En agosto de 2015, cuando Brian tenía aún 15 años, agredió sexualmente a su hermanastra, de 7, cuando se encontraban de vacaciones en un camping. Su madre lo denunció dos años después, y por eso, cuando perpetró el ataque contra la víctima de Igualada se encontraba aún cumpliendo la medida de 24 meses de libertad vigilada que le habían impuesto. La pena, de la jurisdicción de menores, también incluía someterse a un curso de reeducación sexual y a la deshabituación de tóxicos, ya que consumía con frecuencia alcohol y marihuana. Fue por esta primera agresión por la que la progenitora lo echó de casa y pasó a ser un menor tutelado por la Generalitat, hasta que cumplió la mayoría de edad.

Brian pasó su infancia en Bolivia. La madre abandonó el país para instalarse en España en 2005, dejando a su hijo con el padre. El progenitor maltrató al niño y también lo agredió sexualmente en reiteradas ocasiones, «forzadas, generalmente, con ingesta de psicotrópicos», según los informes que obran en la causa. Comenzaron cuando el menor tenía entre seis y siete años. En su país de origen, también se dedicó a la delincuencia callejera.

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Cuando supo de lo ocurrido, la madre denunció a su exmarido, que ingresó en prisión, y trajo a Brian a España. Con el «reagrupamiento» hubo ya «dificultades para adaptarse a la convivencia», que finalizó cuando violó a su hermanastra. Antes, la misma progenitora había pedido ayuda a servicios sociales por el comportamiento de su hijo, que también había perpetrado algún robo en Cataluña.

Rota ya la relación familiar, tras pasar por un centro de acogida, Brian fue derivado a otro recurso, un piso de «unidad de fomento de la autonomía», donde permaneció hasta los 18 años. Después residió durante tantos otros en una casa okupa en Piera. Allí también convivió durante un tiempo una joven, con la que mantuvo una relación. Fue quien, en julio de 2020, lo denunció por malos tratos continuados. Lo abandonó cuando ya estaba embarazada de la hija en común, que éste no ha llegado a conocer.

Ese mismo año, Brian seguía en tratamiento y bajo seguimiento de justicia juvenil. «Reconoce no sentirse preparado para mantener una relación estable y normalizada. En consecuencia, dice preferir evitar este tipo de contactos. Es consciente que los conocimientos que tiene integrados en este ámbito no son los que corresponden y pueden desencadenar consecuencias perjudiciales», reza una de las evaluaciones. La mayoría de ellas consideran que persiste un «riesgo alto» de reincidencia por parte del individuo. Entre otras, la fechada una semana después de la brutal agresión a la menor de Igualada, pero no fue hasta cinco meses más tarde cuando la Policía catalana lo detuvo, tras una minuciosa investigación del bautizado como caso Nit, que consiguió ubicarlo en el lugar de los hechos, gracias a la conexión de su móvil a las antenas de telefonía, así como a las imágenes de varias cámaras de seguridad.

Por aquellas fechas y hasta febrero de 2022, Brian mantuvo una relación con otra chica, a la que también maltrató. Convivieron durante un tiempo en el piso que él alquiló en la calle San Sebastián de Igualada, al que regresó tras perpetrar el brutal ataque a la menor. Ni su novia, ni el compañero de piso notaron nada a su vuelta. No tenía ninguna marca, lesión o mancha, según explicarían después a los agentes.

Tras su detención, se negó a declarar ante la Policía y tampoco facilitó su ADN. Ante el juez, a preguntas de su abogado, explicó que aquella noche estuvo con sus amigos en las proximidades de la discoteca Épic, donde no llegó a entrar. Sí apuntó que había bebido mucho y consumido marihuana y que luego volvió a casa. Negó haber perpetrado el ataque y también ser la persona que captaron las cámaras de seguridad, pese a que los Mossos localizaron las mismas prendas de ropa en su piso. En algunas de ellas había material genético de la víctima.

Su escrito de defensa, consultado por este diario, sostiene que «no ha cometido hecho delictivo alguno» y por eso reclama su absolución. Además, pide que se le examine para dictaminar si sufre alguna patología o adicción. Por su parte, la Fiscalía y las acusaciones populares solicitan para él 45 años de prisión por asaltar e intentar matar a la menor.