El TSJC aplaza el juicio a los arquitectos del 'procés' por la campaña electoral

Eso sí, los magistrados desestiman la petición de las partes, que reclamaron suspender el juicio por la inminente aprobación de la ley de amnistía. Los jueces apuntan que la tramitación parlamentaria de dicha proposición no se encuadra entre los motivos que contempla la legislación para fijar un aplazamiento. Además, sostienen que el olvido penal no tiene, «por ahora», capacidad para interferir o alterar el curso del juicio oral ya convocado en su inicio y desarrollo.

Así, subrayan, «únicamente su eventual promulgación y publicación nos legitimaría para realizar el juicio de subsunción fáctica que proponen las defensas de los acusados y que resultaría imprescindible para proyectar sobre este concreto proceso los efectos que reclamen de la que aseguran como futura ley».

La resolución sí reconoce como elemento valorable para la suspensión del juicio la convocatoria de elecciones porque uno de los acusados, Jové, es diputado en el Parlamento de Cataluña, mientras que Garriga es consejera de Cultura. Señalan así los jueces que los dos pertenecen «a una misma opción política (ERC) que concurrirá a las elecciones convocadas. Como igualmente se constata la personación como acusación popular de un partido político, Vox, con intereses también en esta misma convocatoria electoral».

«Al conferir traslado a las partes para alegaciones sobre un eventual aplazamiento para evitar su coincidencia con la campaña y la jornada electoral, anticipábamos ya como causa legítima del aplazamiento la necesidad de evitar interferencias recíprocas entre el proceso electoral democrático y el necesario sosiego que tiene que presidir la celebración del juicio oral. Pues bien, todas las partes que han formulado alegaciones sobre esta propuesta de aplazamiento han venido a coincidir en la conveniencia de evitar el solapamiento del juicio oral y la campaña electoral por la razón expresada».

Razona así la resolución que el aplazamiento del juicio pretende evitar «toda interferencia o aprovechamiento del mismo durante el desarrollo de la campaña electoral, y tampoco afecta o condiciona los derechos procesales de las partes en términos que no puedan ser reposados con la reprogramación del juicio, una vez vaciados los riesgos considerados como causa cierta y justa del aplazamiento». Ahora será el letrado de la administración de justicia el que deberá fijar una nueva fecha para su celebración.

Jové y Salvadó están acusados de prevaricación y malversación por el 1-O. Ambos, ex altos cargos del Govern, fueron detenidos en el marco de la operación Anubis, para tratar de impedir el referéndum ilegal en Cataluña, en septiembre de 2017. El primero ejercía entonces como número dos de Oriol Junqueras, mientras que el segundo era secretario de Hacienda. Fiscalía pide para ellos siete y seis años de cárcel, respectivamente. Por su parte, Garriga está acusada de desobediencia grave a la autoridad, por su actividad como directora de Servicios de Vicepresidencia, por lo que el Ministerio público solicita su inhabilitación durante un año.