Un tribunal popular juzgará al mosso de la Unidad de Secuestros acusado de vender información a una banda de narcos

Un tribunal popular será el encargado de juzgar al agente de la Unidad de Secuestros de los Mossos d'Esquadra, acusado de cohecho. Fue el pasado noviembre cuando fue detenido, tras ser investigado por la División de Asuntos Internos del Cuerpo, por dar cobertura y vender información a una organización de narcotraficantes que operaba en Sabadell (Barcelona). Tras pasar a disposición judicial, quedó entonces en libertad, después de que en el registro de su domicilio no se localizase nada que lo vincule con la banda, cuyos dos máximos responsables, sí ingresaron en prisión provisional. «No es la historia de un capo infiltrado en los Mossos», explicó entonces a ABC el abogado del policía, Álvaro Machado.

Ahora, su mismo despacho, a través de un comunicado este lunes, ha detallado que el Juzgado de Instrucción 4 de Cerdanyola del Vallés ha resuelto que el caso «debe tramitarse por el procedimiento ante el tribunal del jurado». Decisión que celebra su defensa al entender que éste «está perfectamente capacitado para analizar las pruebas y dilucidar la verdad de los hechos. Unos hechos que nos llevarían a la demostración de la inocencia de mi cliente», señala el letrado.

En un auto anterior el juez, que sí prohibió al policía investigado abandonar España y fijó comparecencias quincenales ante el juzgado, indicó que la investigación, abierta por delito contra la salud pública, cohecho, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, «hasta el momento» constataba la existencia de una estructura criminal, encabezada por un matrimonio encargado de suministrar cocaína y marihuana, así como varios subalternos. Tras ello, blanqueaban el dinero de la droga comprando pisos y coches de lujo. El papel del mosso, según las pesquisas, sería el de «dotar de seguridad» al enramado «a cambio de dinero», algo que él niega.

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Elena Burés

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La investigación de la DAI arrancó después de que en el marco de las pesquisas a la banda de narcos, los agentes detectasen a D. G., cuando cerraba la compra de un vehículo -un BMW- con uno de sus integrantes. Los Mossos a cargo del caso descubrieron así que era un compañero del Cuerpo y pasó a estar bajo su radar. Entre los indicios que recabar, varias consultas que hizo en la base de datos policial (SIP, Sistema de Información de la Policía de la Generalitat), relativas a procedimientos de algunos de los sujetos, pero «sin relación alguna con la causa por tráfico de drogas», apuntaba su abogado. Sino con una causa por violencia doméstica y consulta de matrículas y direcciones. «Se lo han llevado por delante por hacer dos consultas en el SIP», reprochó tras su puesta en libertad.

El letrado rechaza así cualquier tipo de relación del mosso con esta banda para pasar información, señalando que resulta imposible por los cortafuegos y controles internos de Mossos. «Hoy en día, si un agente no está autorizado expresamente en el Sistema de Información de la Policia de la Generalitat en una investigación concreta, no es posible acceder más allá de una matrícula y una dirección. Unos datos que también obran en registros públicos, por lo que no pueden comprometer la seguridad colectiva», concluye.