La trama de corrupción en ayuntamientos que llevó al caso del 3% llega a juicio

Las pesquisas arrancaron con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ante un juzgado de El Vendrell (Tarragona) por supuestas irregularidades en el consistorio de Torredembarra, pero la causa fue creciendo al afectar a distintas provincias y acabó en la Audiencia Nacional como parte de una trama mayor de corrupción. El pasado diciembre, el tribunal absolvió a los 15 acusados de componer la supuesta derivada madrileña del caso Efial, y ahora queda pendiente juzgar la rama catalana. Según las pesquisas, la mercantil habría constituido una herramienta capaz de dirigir la adjudicación de contratos y frustrar la libre competencia, en un presunto fraude que afecta a 14 consistorios de la comunidad, sobre todo de Tarragona, y que superaría los 8,7 millones de euros. Por eso los responsables de la empresa, entre los que se encuentra su administrador, Antonio Martos, tendrán que sentarse en el banquillo. En total son 19 los acusados en esta pieza, entre los que también están imputados los antiguos ediles de CiU de L'Ametlla de Mar, Torredembarra y Ascó: Andreu Martí, Daniel Massagué y Rafael Vidal, respectivamente.

Las pesquisas apuntan que los procesados habrían integrado una estructura para facilitar adjudicaciones de forma irregular a la consultora y eliminar así la libre competencia. La investigación, a cargo del Juzgado Central de Instrucción 4, determinó que Efial prestó servicios a varios consistorios que permitían «contradecir los previamente emitidos por parte de los órganos fiscalizadores (interventor y secretario)», lo que que habría dado lugar a la firma de contratos de forma ilícita.

El 'modus operandi' habría sido la emisión «reiterada» de informes por parte de los profesionales vinculados a la consultora con los que se daba «una aparente cobertura de legalidad a determinadas resoluciones contrarias a derecho», según indicó el juez, José Luis Calama, en su auto de procesamiento. Para blindar su actividad, los integrantes de la trama habrían recurrido a «informes encargados 'ad hoc' a profesionales en la materia», relacionados con Efial, para favorecer a la consultora, alterando procedimientos de licitación o concurso público, operando la mercantil, en algunos casos, «como un ayuntamiento paralelo».

Ello supuso «una huida progresiva y creciente del derecho administrativo, con diversas herramientas de cara a evitar cualquier tipo de control administrativo, así como de cara a burlar las diferentes normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas».

Algo que habrían hecho mediante la creación de la figura de la Empresa Pública Empresarial (EPE) para así «rebajar el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública de la que se beneficiaba tanto la propia Efial como los profesionales que ejecutaban los encargos».

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Fue una concejal de ERC en Torredembarra, Montserrat Gasull, quien permitió destapar el caso. En 2012, denunció al entonces alcalde, el convergente Massagué, al haber detectado seis presuntas irregularidades en su gestión: por el alquiler de dos locales a precios desorbitados, la contrata de aguas, de limpieza viaria, un aparcamiento construido por Teyco y la contratación de Efial para trabajos contables.

Nació así el caso Torredembarra, por el que, dos años más tarde, la Guardia Civil registró el consistorio y detuvo a su edil, que llegó a ingresar en prisión provisional. Pero la denuncia de la concejal republicana –que le costó ser repudiada por su propio partido– permitió a los investigadores ir más allá y destapar una supuesta trama de corrupción que afectaba a más municipios y que llevó, finalmente, hasta el caso del 3%, sobre la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido fundado por Jordi Pujol que en 2016 mutó a PDeCat; embrión de Junts.

Después de que el pasado diciembre la Audiencia Nacional absolviese a los 15 acusados por los contratos suscritos entre varios ayuntamientos de Madrid y Efial, pese a que seis de ellos habían reconocido los hechos y aceptado las penas acordadas con Anticorrupción, en septiembre y octubre de 2026, según la providencia avanzada por el 'Diari de Tarragona' y consultada por ABC, se celebrará el juicio contra la derivada catalana del mismo caso.