Los socialistas catalanes confían en investir a Illa la primera semana de agosto

Carles Puigdemont y sus emisarios se emplean a fondo en reuniones con periodistas sobre todo de Madrid para transmitir la idea de la repetición electoral con una candidatura unitaria del independentismo. Los portavoces del expresidente fugado aseguran que su regreso es inminente y que, si es detenido y encarcelado, como todo parece indicar, las bases de Esquerra no podrán soportar apoyar la investidura de Illa. Uno de los más insistentes en este planteamiento es el abogado Gonzalo Boye, que cree que en la cárcel no se está tan mal porque cuando cumplió condena por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla pudo matricularse en la UNED y se sacó la licenciatura de Derecho. Puigdemont, que ni tiene carrera ni desea tenerla, ha dejado claro durante todo el proceso independentista que su prioridad absoluta es no ingresar en prisión.

En muchos momentos ha usado su posible retorno como carnaza electoral, pero siempre con excusas de última hora para no exponerse a una segura detención. Durante la campaña de las últimas elecciones al Parlament especuló con su regreso para dar un vuelco electoral con el efecto de su llegada y encarcelamiento. En aquel momento es verdad que tenía mucho que perder o ganar, pero no debió de compensarle, porque ni regresó ni nadie informado esperaba que realmente lo hiciera. No hubo vuelco y un socialista ganó por primera vez en votos y escaños unas elecciones autonómicas. Su posible y anunciado regreso para los próximos días tendría la inevitable consecuencia de su captura y encierro a cambio del poco probable hecho de que ERC o sus bases se movieran de su decisión de investir a Illa. Además, las multitudes que hace años habrían podido salir a recibirle ya no son tales, y menos durante el periodo vacacional, en que el grueso de los votantes de Junts están en la Costa Brava. Igualmente, y según todas las encuestas, una repetición electoral dejaría un escenario muy parecido al actual, con la excepción de que el partido antinmigración Aliança Catalana podría triplicar sus dos escaños. No son alicientes muy emocionantes para ingresar voluntariamente en la cárcel y quién sabe por cuántos años.

En Esquerra los ánimos no son en absoluto de partido que va a continuar, y asumida por todos la decisión de Rovira de apoyar la investidura del candidato socialista, la pugna es de los orgánicos y por el menudeo. La guerra más dura la libran en estos momentos Helena Ricomà, jefa de gabinete de Pere Aragonès; el periodista en excedencia de 'El País', Marçal Sarrats; y Arnau Albert, amigo de la infancia del presidente y al que se dio el cargo de asesor en políticas estratégicas para que a la práctica estuviera a su lado y le llevara la cartera. Los tres aspiran a ser el director de la oficina del expresidente, en este caso Aragonès, por el que percibirían 105.676,38 euros brutos anuales: es un cargo vitalicio y de los mejor pagados de la Generalitat. Jordi Menéndez, María-Reis Quinzaños, Josep Lluís Alay y Pere Cardús son respectivamente los responsables de las oficinas de los expresidentes Montilla, Mas, Puigdemont y Torra.

Aragonès está de salida y en modo «bienqueda». Quiere cerrar su etapa presidencial en paz con todos y en este sentido fue directamente él quien exigió la dimisión a Sergi Sabrià, el director de la Oficina del Presidente y su más relevante colaborador, por el escándalo de los carteles que acusaban a Ernest Maragall de padecer Alzheimer. En un partido en que ni siquiera puedes fiarte de los que tienen ganas de ayudar, porque en su infinita torpeza pueden acabar de incendiar cuanto queda en pie de la casa, lo último que hemos sabido es que estos carteles no fueron una guerra entre facciones sino un intento de los estrategas de comunicación para crear polémica y «relanzar» la imagen del entonces candidato a la alcaldía de Barcelona, que estaba quedando muy eclipsado por la pugna entre Trias y Colau. Unos audios filtrados a 'La Vanguardia' revelan que la cúpula intentó tapar semejante despropósito y ERC se ha querellado contra Tolo Moya, exdirector de Comunicación y a quien Rovira acusa de revelación de secretos al creer que es el filtrador.

Sin prisa pero muy concentrado en su propósito, Oriol Junqueras se prepara para retomar en noviembre las riendas del partido. El exvicepresidente, que es muy consciente de que su inhabilitación para ser candidato a la Generalitat, durará por lo menos dos años más -de ahí que no le interese una repetición electoral, a la que no podría concurrir- está convencido de tener el apoyo de las bases de su partido, sobre todo porque no tendrá a ningún rival de entidad. Sobre los que le piden que se vaya en nombre de la renovación, su entorno bromea con que los que más se lo exigen sean «yonquis del cargo público» como Marta Vilalta, que tiene 39 años y lleva desde los 20 cobrando de Esquerra: en 2004 empezó a militar en las juventudes del partido y a realizar para ellos trabajos de poca monta. Entre 2007 y 2009 fue jefa de prensa de la federación regional de ERC de Lérida y de 2009 a 2012 trabajó en la oficina de Comunicación del departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat. De 2008 a 2012 fue la jefa de prensa del festival político-musical Acampada Jove. Es diputada en el Parlament desde 2012 y ha sido directora general de la Juventud de la Generalitat y fue nombrada vicesecretaria general de Estrategia, Entorno y Gestión del Conocimiento de Esquerra en la última remodelación de su ejecutiva. Toda vez que Vilalta pide a Junqueras que se aparte, no ha expresado ella ninguna intención de acompañarle.