Un sindicato impugna la declaración de Layetana como lugar de memoria: «Exigimos respeto a nuestra labor en democracia»

«Estamos cansados de ser señalados, estigmatizados y utilizados como arma política. No cuestionamos la necesidad de recordar la historia, pero no aceptaremos que se haga torticeramente, vulnerando la ley y pisoteando la dignidad de quienes hoy sirven a la democracia en Vía Layetana», apunta Marcos Veiras, secretario de asuntos jurídicos de la CEP, a través de un comunicado.

La asociación de agentes sostiene que la decisión de declarar Layetana como lugar de memoria agrava el estigma contra los funcionarios, convirtiendo su centro de trabajo en un «símbolo de confrontación política». «Los policías nacionales están hartos de ser utilizados como moneda de cambio en pactos políticos. No somos culpables de un pasado que no nos pertenece y exigimos respeto a nuestra labor en democracia», han denunciado.

Y es que la decisión, de la cartera de Política Territorial, implica «la obligación de garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada» del edificio. Es decir, que no puedan desaparecer «vestigios» que recuerden lo que allí ocurrió -en este caso, torturas a presos políticos durante la dictadura franquista-, y también tendrá que impulsarse la difusión de «itinerarios, físicos y virtuales», para que las que fueran dependencias de la Brigada Político-Social puedan visitarse.

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Por eso desde el sindicato sostienen que la incoación pública y su repercusión mediática han generado un «riesgo psicosocial evidente», que es el señalamiento, estigmatización y deterioro del clima laboral de los funcionarios. Por ello en sus alegaciones consideran que el ministerio ha «ignorado este deber legal, vulnerando el derecho de los policías a la protección de su salud y dejando en evidencia un incumplimiento flagrante» de la prevención de riesgos laborales.

Sostienen así que el expediente para declarar Layetana como lugar de memoria se «centra únicamente en el uso franquista del edificio, ocultando más de cuatro décadas de servicio democrático a la ciudadanía desde 1978». Por eso los policías consideran que se trata de una manipulación «histórica, contraria a los principios de objetividad y proporcionalidad, y que convierte la memoria democrática en un instrumento de confrontación, no de convivencia».

Además, anuncian que en caso de que el Gobierno siga adelante, se plantean recurrir a los tribunales para frenar dicha declaración.