El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ha informado de que este año ha recibido más de 20 quejas que señalan que la prestación que percibían como extutelados no se suspende o finaliza cuando debería hacerlo. Esther Giménez Salinas ha defendido que ... no se debería exigir su reintegro si es por «un mal funcionamiento de la administración». Estos reintegros, entre 2016 y 2024, ascienden a un monto de 167,56 millones de euros.
En un comunicado, este miércoles, la síndica ha asegurado que la petición de reintegrar los importes percibidos indebidamente puede generar un impacto negativo en la transición equilibrada a la vida adulta de estos jóvenes, «un hecho contradictorio con el deber de la administración de velar, precisamente, por la transición a la vida adulta de los jóvenes tutelados y extutelados«.
Giménez-Salinas ha pedido a la administración que revise con carácter general el procedimiento de tramitación de las prestaciones y adopte los mecanismos necesarios para evitar la acumulación de pagos indebidos que se convierten en una deuda para estos jóvenes. Y ha señalado que este caso tiene un paralelismo con el procedimiento de reclamación de pagos indebidos de renta garantizada de ciudadanía, que el Govern aprobó un decreto para no pedir el retorno de pagos indebidos a familias vulnerables.
En esta línea, la síndica ha adelantado que presentará un informe que «trata en profundidad posibles vulneraciones de derechos que pueden haber sufrido jóvenes extutelados en la gestión de los recursos que la administración pone a su alcance».
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