El sector advierte de que la iniciativa catalana contra los alquileres temporales creará inseguridad jurídica

Poco después de que la mayoría del tripartito de investidura, sumando además los votos de los diputados de la CUP, haya convalidado hoy el decreto ley del Govern en materia de vivienda y aprobado tramitarlo como proyecto de ley para ajustarlo en función del pacto a cuatro firmado el martes con la portavoz y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque (PSC), Fomento del Trabajo y otras seis entidades del sector han emitido un comunicado rechazando la iniciativa.

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«Los arrendamientos temporales -generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda- responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional», han recordado la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.

Así, para las entidades del sector inmobiliario, «este tipo de alquileres, que habitualmente no superan los 12 meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta». Una crítica directa en toda regla al mismo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que este miércoles, en la sesión de control al Govern, ha defendido el trabajo de Panque para poner fin al alquiler temporal, un método de arrendar viviendas al que ha cargado parte de la tensión que vive el sector.

Sin embargo, para Fomento y la seis organizaciones que han firmado la nota, «extender el control de precios a este tipo de contratos supondría una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social»; y han recordado que «en el artículo 17 de la LAU se establece claramente que las limitaciones al precio de alquiler sólo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual». De tal manera que «aplicarles el mismo tratamiento legal no sólo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de este tipo de oferta en Cataluña».

Y es que, si finalmente se aprueba la iniciativa parlamentaria, las viviendas de alquiler temporal tendrán los mismos topes económicos que las viviendas de alquiler habitual. De la misma manera, entre las medidas también figura que la suma del alquiler de las habitaciones de manera individual no podrá superar el tope de la vivienda en su conjunto. Por esto, las entidades críticas con la decisión del Govern y el resto de grupos de izquierdas consideran que esta iniciativa, sumada a las ya adoptadas en esta materia, «sólo responden a la aritmética política y no a solucionar el problema de la vivienda, que es la falta de oferta de vivienda de toda tipología, tanto de venta como en alquiler».

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Las seis organizaciones y Fomento del Trabajo han denunciado, en esta línea, «la sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica que sufren los operadores en Cataluña», han reclamado «que se deje de legislar 'de espaldas al sector'» y se adopten «políticas de vivienda realmente efectivas, que incentiven el incremento de la oferta de vivienda en lugar de penalizar al sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Cataluña necesita».

Por su parte, Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, también ha expresado su preocupación por la medida. «Esta asimilación forzada y desconectada de la práctica contractual vigente no solo genera una grave inseguridad jurídica, sino que puede desarticular miles de contratos legítimos, especialmente en entornos urbanos con alta movilidad», ha señalado públicamente este miércoles.

Sala ha hecho especial mención («más preocupante», si cabe) a la previsión de prórroga automática de la calificación de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas. «Esta medida, impuesta desde nuestro punto de vista sin cobertura legal suficiente, desincentiva la participación del sector privado en la promoción de nueva vivienda protegida y, previsiblemente, abocará la norma a su anulación por el Tribunal Constitucional. Legislar sabiendo que la norma nace condenada no es solo jurídicamente inconsistente, sino políticamente irresponsable», ha añadido.