Cataluña y la okupación: el conflicto sin respuesta eficaz

Noticia Relacionada

Los jueces de Barcelona acuerdan que dar de baja el suministro de un okupa no será delito

Pese a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que contempla juicios penales rápidos y desalojos exprés en casos flagrantes, la okupación sigue creciendo al amparo de una estructura legal que favorece, en la práctica, al ocupante. El sistema, saturado y mal coordinado, genera una sensación de desamparo entre los propietarios, atrapados en una maraña de recursos, informes sociales y trámites que paralizan cualquier acción efectiva.

Uno de los principales factores que permiten alargar estos procesos es la protección derivada del Real Decreto-ley 11/2020, vigente hasta finales de este año (con previsión de prorroga anual a su vencimiento como viene haciéndose por el gobierno desde 2020). Este establece que ningún desahucio puede ejecutarse si el ocupante demuestra situación de vulnerabilidad. En la práctica, bastan ingresos bajos (tres veces el Iprem, esto es, menos de 1.600 euros al mes), menores a cargo, desempleo o discapacidad para suspender indefinidamente el proceso. Aunque esta norma se pensó para inmuebles pertenecientes a grandes tenedores, su aplicación se ha extendido a propietarios particulares, que asumen los costes económicos y emocionales sin ningún tipo de compensación.

En ciudades como Barcelona, muchos propietarios particulares se ven forzados a seguir pagando suministros e impuestos de viviendas que no pueden usar. Algunos terminan pagando directamente a los okupas para recuperar sus inmuebles. El fenómeno ha generado un perverso incentivo: la ocupación como atajo legal y negocio rentable en medio del colapso judicial.

Las medidas legales actuales son insuficientes. La intervención policial sin orden judicial sigue siendo muy limitada; los informes sociales pueden tardar semanas o meses en emitirse; y los juicios rápidos, cuando se aplican, no siempre cumplen con la celeridad prometida. A ello se suma la falta de coordinación entre juzgados, cuerpos de seguridad y servicios sociales, lo que dificulta aún más cualquier respuesta efectiva.

Diversos sectores jurídicos han planteado propuestas para desbloquear la situación: eliminación del requisito de gran tenedor para aplicar medidas de protección, posibilidad de intervención policial en las primeras 48 horas si se acredita titularidad y habilitación legal para que las comunidades de vecinos puedan actuar cuando una vivienda okupada afecta al conjunto del edificio. Medidas que buscan restablecer el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, evitando que el primero quede sistemáticamente relegado.

El problema no es solo jurídico, sino también político y estructural. Cataluña ha mantenido durante años una postura más tolerante hacia los movimientos sociales vinculados a la okupación, lo que ha favorecido un enfoque basado en la mediación antes que en el desalojo. Esta permisividad ha consolidado ocupaciones prolongadas y, en algunos casos, amparadas por un cierto respaldo social o ideológico, profundizando la sensación de indefensión del titular del inmueble.

Mientras no se aborde una reforma de calado que clarifique los márgenes entre necesidad y abuso, la okupación seguirá funcionando como una rendija legal que distorsiona el mercado y penaliza al propietario cumplidor. La vivienda es un derecho, pero no puede construirse a costa del derecho ajeno. La propiedad privada no puede convertirse en una condena, ni su defensa en una carrera de obstáculos.

La inseguridad jurídica derivada de esta situación impacta directamente en el mercado del alquiler. Según Idealista, esta incertidumbre frena la salida al mercado de viviendas vacías, deteriora la confianza del pequeño propietario y reduce la oferta disponible. Un círculo vicioso que encarece precios y perpetúa la emergencia habitacional.

Frente al silencio administrativo y el desgaste judicial, la okupación en Cataluña se consolida como uno de los grandes retos pendientes del sistema legal español.

Sandra Aurrecoechea es abogada en Marín y Mateo Abogados