Rosa Peral niega haber organizado la agresión a una funcionaria de prisiones

El suceso se produjo el pasado 21 de julio, cuando una reclusa intentó asfixiar a una empleada del penal, según denunció CSIF en un comunicado. El sindicato explicó entonces que la agresora inmovilizó a la trabajadora y la agarró del pelo, arrancándole parte de éste. Lo hizo una interna que cuenta con un «largo historial de agresiones a internos y profesionales».

Este jueves, el 'Segre' ha desvelado que varios funcionarios han elevado, mediante informe interno, que Peral fuera quien instigó el ataque. El motivo habría sido su descontento tras varios registros a su celda, tras haberle requisado varios objetos. Los internos pueden guardar pertenencias en el espacio, pero con un límite. Fuentes penitenciarias apuntan que Peral acumulaba comida, ropa y cremas, y por este motivo, entre otros «por higiene y sanidad» -sobre todo, en cuanto a los alimentos- se le fueron retirando en los registros periódicos de su celda, lo que habría despertado su enfado, que incluso habría plasmado en una nota, que luego los mismos empleados encontraron.

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Al respecto, la defensa de Peral apunta que los registros a la celda de su clienta son más habituales que al resto de presos, «cada dos semanas», niega tajantemente que Rosa haya tenido algo que ver con la agresión y asegura que no hay ninguna investigación abierta ante una acusación tan grave. Desde el Departamento de Justicia han rechazado facilitar cualquier información al respecto, a pesar de que CSIF ha denunciado «negligencias» en la gestión del penal Mas d'Enric.

En un comunicado este jueves, el sindicato ha apuntado que los responsable del centro, teniendo conocimiento de la acusación sobre Peral, «actuaron de manera negligente al no tomar medidas inmediatas para trasladar a la interna a otra cárcel, como exige la normativa en estos casos». Graves fallos en la gestión de la seguridad penitenciaria, aseguran, «a pesar de las denuncias realizadas por otras internas y los informes elaborados por los funcionarios». Según el sindicato, la decisión de no trasladarla «estuvo motivada por el temor a las repercusiones mediáticas, lo que ha puesto en grave riesgo a los funcionarios».