El PSC acusa de «politizar» y «judicializar» las aulas a los padres que piden bilingüismo en las escuelas

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El PSC ha registrado una propuesta de resolución, en el marco del debate de política general del Parlament que se celebra esta semana, en la que pide el apoyo del resto de los grupos para «rechazar los intentos de politización o judicialización del modelo lingüístico educativo, así como cualquier situación que pueda suponer una vulneración de las competencias en materia educativa reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la Ley de Educación de Cataluña». El texto incluye el firme compromiso «en la defensa de la lengua catalana como elemento central de cohesión, inclusión e identidad, especialmente en el ámbito educativo, en el que el catalán es lengua vehicular».

Por primera vez, en los últimos años, los socialistas han firmado una iniciativa parlamentaria acusando a las familias -sin citarlas específicamente- de politizar el ejercicio de un derecho, reconocido en los tribunales, para que en las aulas se aplique el bilingüismo (trilingüismo en el Valle de Arán, en Lérida). Ni el PSC de 2024, recién llegado Illa al Govern, fue tan lejos. En el debate de política general del año pasado, los socialistas se limitaron a defender el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán, cuya aplicación, por lo menos desde 1994, se aplica sin amparo legal. Pero no cargaron contra los padres que pedían, al menos, un 25% de horas lectivas en español.

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El cambio de criterio es todavía más llamativo si se toma como referencia la valoración de Illa y Niubó a la sentencia del Tribunal Supremo de 2021, confirmando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2020 que, tras el incumplimiento sistemático del modelo de conjunción lingüística (bilingüismo) por parte de la Generalitat, obliga a la Consejería de Educación a extender un 25% de horas en español (además de la asignatura lingüística) a todo el sistema escolar. Entonces, tanto Illa como Niubó defendieron la aplicación de las sentencias y su necesidad. «No pasa nada», llegó a decir el ahora presidente autonómico.

Preguntado en TVE por lo que debía de hacer el Govern, entonces presidido por Pere Aragonès (ERC), tras las decisiones judiciales y se estas tenían que cumplirse, el líder del PSC y por aquellos años jefe de la oposición dijo: «Sin ninguna duda, siempre hemos defendido que las resoluciones judiciales hay que cumplirlas y esta, en particular, también. No pasa nada, además, porque se dé una materia adicional a la de lengua y literatura castellana en castellano. Y las resoluciones judiciales, por descontado, hay que cumplirlas». Unos tres años después y recabado el voto constitucionalista en la cita con las urnas de 2024, los socialistas consideran ahora que aquello es «judicializar» las aulas.

También Niubó, responsable del área de educación del PSC en el Parlament antes de su llegada a la consejería, se posicionó claramente a favor de que el español y el catalán conviviesen como lenguas vehiculares en las escuelas y los institutos de Cataluña. «Defendemos el cumplimiento de las sentencias», escribió en X, cuando el TSJC, tras la decisión del Supremo, dio 15 días a la Generalitat para cumplir la decisión dictada en 2020. Niubó cargó aquel día contra Junts por «anteponer sus intereses» a la posibilidad de llegar a un pacto con el PSC y ERC en el Parlament para regular el uso lingüístico.

Unos días después, los socialistas llegaron a un acuerdo con los independentistas y Comuns para aprobar una ley exprés que paraliza la orden del TSJC, amparada por el Supremo. Una norma que los magistrados del TSJC consideran que no se ajusta a la ley, entre otros motivos porque trata de impedir la aplicación de un derecho constitucional, y han elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad. Nunca ningún tribunal aprobó el sistema de inmersión lingüística como lo aplica la Generalitat, dejando a un ámbito «residual» -como ha destacado el TSJC- el uso del español y retirándole el carácter de vehicular.