Funcionarios de prisiones bloquean los accesos a las cárceles catalanas

Según han traslado algunos sindicatos, como CSIF, la movilización «durará hasta que la dirección de los servicios penitenciarios catalanes se comprometa a tomar medidas drásticas» ante la inseguridad que denuncian los funcionarios.

Ante esta situación, el Departamento de Justicia ha indicado que la consejera, Gemma Ubasart, y su equipo «monitorean los acontecimientos y trabajan para garantizar los servicios penitenciarios».

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Ayer jueves, fueron unos 200 los funcionarios que, precisamente, se concentraron ante la sede del Departamento al grito de «asesinos». Algunos también lanzaron huevos y pintura roja a la fachada y pidieron la dimisión de la consejera.

Esta mañana, algunos sindicatos, como UGT o Catac, han subrayado que las plantillas de las prisiones catalanas se plantan ante las agresiones continuas que sufren y que culminaron «con el asesinato de la trabajadora de Mas d'Enric a cuchilladas este miércoles». Por este motivo, vuelven a exigir «medidas de seguridad efectivas». «Exigimos protección para hacer nuestro trabajo», reclaman. Por ese motivo vuelven a pedir que los funcionarios de prisiones sean considerados como agentes de la autoridad y que su profesión se considere de riesgo.

Tras el suceso en Mas d'Enric, seis sindicatos de funcionarios -CSIF, CC.OO., UGT, Catac, Intersindical y Acaip- reclamaron la dimisión, no solo de Ubasart, sino también del secretario de medidas penales, Amand Calderó. Ayer ambos, ante el centro de Tarragona donde acudieron al minuto de silencio por la muerte de la cocinera, apuntaron que el departamento había abierto una investigación interna para aclarar el suceso, «en paralelo a la policial y judicial», precisó la titular de Justicia.

A preguntas de los periodistas, Ubasart rechazó precisar si implementarán cambios en los protocolos tras el crimen. «Tenemos una investigación interna en marcha y las conclusiones [de ésta] se aplicarán». Por su parte, Calderó indicó que ya existen mecanismos de seguridad, tanto en la cocina, donde se produjo el ataque, como en el resto de dependencias.

Todo ello, después de las críticas por haber dado acceso a dicha estancia, donde se manipulan cuchillos, a un preso que, precisamente, estaba condenado por asesinato, tras matar a una mujer que ejercía la prostitución, también con un arma blanca. El interno que atacó a Nuria y que luego se habría quitado la vida era un individuo de 47 años y origen rumano que en abril de 2016 se entregó ante la Policía Local de Valls (Tarragona) para confesar el citado crimen.

Durante el juicio, dos años más tarde, volvió a reconocer que había matado a la víctima, de la misma nacionalidad, pero aseguró que había sido un «arrebato», afectado por la ingesta de alcohol. El tribunal del jurado le consideró culpable, y su condena fue de once años de prisión. Ésta terminaba en abril de 2017.

Este miércoles por la tarde fue un funcionario de prisiones el que localizó su cuerpo y el de la cocinera en una cámara frigorífica. El trabajador hacía rato que no veía a Nuria y salió de su cabina a buscarla. Fue así como encontró ambos cadáveres. El de ella con heridas de arma blanca en el cuerpo, y el de él, en el cuello. De ahí que la principal hipótesis sea que la mató para luego suicidarse. La investigación de los Mossos d'Esquadra, tutelada por el Juzgado de Instrucción 3 de Tarragona, en funciones de guardia, sigue bajo secreto.