La Generalitat abronca al Defensor del Pueblo por preguntar por el acoso a la familia de Canet

Así lo expone la Generalitat en la contestación que da a una petición de información trasladada por Teresa Jiménez-Becerril Barrio, adjunta primera del Defensor del Pueblo, en relación a los derechos lingüísticos en Cataluña y el caso concreto del niño de Canet. En su respuesta, la Generalitat, de entrada, manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Defensor del Pueblo vuelva a interesarse por el asunto, que ya había sido objeto de un requerimiento anterior. En esa petición, el Defensor del Pueblo pedía «una especial vigilancia para prevenir que la presión social que según indica el padre de la menor ha padecido o padece la família como consecuencia de su decisión respecto de la mayor presencia del castellano en su educación se traslade o se refleje en el ámbito escolar».

Educación señala en este sentido que «la insistencia en esta demanda, así como la reiteración formulada en los mismos términos lingüísticos, pone de manifiesto una desconfianza del todo injustificable dadas las actuaciones que ésta administración ha seguido en todo momento para garantizar la convivencia, el respeto a los derechos personales y colectivos, así como el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural«.

Al respecto, el departamento muestra su enojo por el hecho de que se cuestione su actuación, detallando todas las actuaciones y protocolos que ha llevado a término, sin detallar en ningún caso qué hizo por evitar lo sucedido en Canet.

En un tono cercano a la reprimenda, la Generalitat lamenta «especialmente las presuposiciones que de la lectura« de la adjunta primera del Defensor del Pueblo» pueden desprenderse y que, asegura, contribuyen a fomentar la hostilidad contra la lengua catalana y, en definitiva, amenazan «la protección debida a la lengua catalana».

Para concluir, la Generalitat apunta que «aprovechando la sensibilidad lingüística» que muestra el Defensor del Pueblo «por los derechos de los hablantes de las diversas lenguas constitucionales, nos ponemos a su disposición para continuar trabajando para el reconocimiento de todas las lenguas del Estado y por la protección de los derechos de sus hablantes, especialmente, de aquellas lenguas que, como la catalana, han sido y son sometidas a un proceso de minorización continua y sistemática para recortar sus ámbitos de uso y alcance social«.

«Estamos convencidos que podremos encontrar vías de colaboración que nos permitirán desterrar todos aquellos comportamientos instalados en el desprecio y rechazo de la diversidad lingüística y cultural, la incomprensión y, en definitiva, la militancia en un supremacismo lingüístico que no debería tener espacio en una sociedad abierta y democrática como la que queremos construir«, concluye Educación.