Aragonès presume de haber forzado a Sánchez a no recurrir el veto al 25% de castellano

La decisión de no recurrir forma parte de los acuerdos de la última reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat celebrada en julio. "El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat se comprometen a resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos que pudieran surgir en la aplicación o desarrollo del marco normativo vigente", se apuntaba en el documento rubricado por ambos ejecutivos en alusión a la aplicación del nuevo marco normativo relativo al catalán.

Justificaba de este modo Aragonès las críticas con las que sectores independentistas, particularmente de Junts, han cuestionado desde el inicio de la legislatura la estrategia del Govern, en la que se circunscribe la mesa de diálogo con el Gobierno de España. El pacto para que no se recurra la ley del catalán sería uno de los primeros premios tangibles con los que Esquerra defiende el diálogo con el Gobierno del PSOE, tal y como se recogió en la última reunión entre los dos dos ejecutivos. Pese a que el Gobierno ha decidido no recurrir, el Pleno del Tribunal Constitucional sí tiene sobre la mesa el recurso presentado por el TSJC.

Fuentes del Gobierno precisaron a este diario que la Lomloe garantiza que un alumno tendrá las mismas competencias tanto en castellano como en catalán al finalizar sus estudios. Y que en estos momentos, todo está paralizado hasta que el TC se pronuncie sobre la cuestión de constitucionalidad que le ha elevado el TSJC. La negativa del Gobierno a recurrir, que implicaría la automática suspensión cautelar de la ley, hace que la misma siga vigente.

Tras conocerse las palabras de Aragonès anoche, la agrupación de entidades Escuela de Todos, que lucha por la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas, ha asegurado que informará al comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, del pacto del Gobierno con la Generalitat para incumplir la sentencia del TSJC ratificada por el Tribunal Supremo.

En un comunicado en redes sociales, la agrupación ha adjuntado un fragmento de la entrevista que TV3 hizo ayer al presidente de la Generalitat. Escuela de Todos cita a Reynders, que el 30 de septiembre declaró que las autoridades nacionales «tienen que garantizar» «el cumplimiento de la sentencia y correcta aplicación. En este sentido, señaló también que en el caso de que existiera «alguna dificultad» en la implementación de una sentencia judicial, siempre se puede recurrir a la Comisión Europea, pero «primero lo tienen que resolver los Estados miembros».

Precisamente, Aragonès explicó en la misma entrevista que la semana que viene viajará a Bruselas para reunirse precisamente con Reynders, aunque en este caso, apuntó, para trasladarle su preocupación con los casos de espionaje Pegasus y mostrar la disposición del Govern para colaborar en todo aquello que sea posible para «erradicar el uso de estas prácticas»

Por otra parte, en la misma entrevista de TV3, Aragonès insistió en pedir a Junts que aclare si apoyará los presupuestos de 2023 para saber qué escenario se abre al respecto, aunque ha relativizado la posibilidad de prorrogar las cuentas pese a no ser el escenario «ideal». Lo ha dicho durante una entrevista para TV3 y Catalunya Ràdio, recogida por Ep.

«Primero hay que aclarar si Junts apoya los presupuestos. Si el resultado es que no, habrá que ver qué escenarios se abren. Sería inverosímil que hayan hecho unos presupuestos y ahora no los apoyen. Deben tomar una decisión, si priorizan una táctica de partido o las necesidades de la ciudadanía y del país», ha destacado el presidente autonómico.

Tras reiterar que prioriza los pactos con Junts, la CUP y los comunes, sobre todo para sacar adelante las cuentas del año que viene, ha evitado aclarar si cuenta con el PSC, con el que sí quiere llegar a pactos «en el ámbito anti represivo, donde deberían ser más pro activos y más claros, y ser más claros en cuál es su propuesta para Cataluña».

Pese a subrayar que su prioridad es tener presupuestos, no ha descartado la prórroga de las cuentas al asegurar que, en caso de que no se puedan aprobar, hay técnicas que permitirían implementar partidas económicas como el escudo social de 300 millones de euros que anunció en el Parlamento catalán, entre otras.

Sobre la salida de Junts del Govern, considera que los militantes de este partido son los únicos responsables de ello y ha advertido de que no supeditará las instituciones catalanas «a entes externos que, pese a merecen respeto, no pueden estar por encima del Govern, como el Consell per la República».

«Las decisiones que culminan con la salida de Junts del Govern las toma Junts», ha recordado, y ha rechazado de nuevo ir a elecciones autonómicas ante el escenario actual, dejando claro que las legislaturas duran cuatro años siempre que puedan llevar a cabo sus políticas.

«Creo que hay una parte de su formación que, desde un inicio, no querían que el Govern tirara adelante. Había un sector que no quería que se formara el Govern», ha apuntado Aragonès, que no ha querido pronunciarse sobre el papel que ha jugado en este proceso el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Por otro lado, ha anunciado que, por primera vez tras diez años, se reunirá con dos comisarios europeos en Bruselas, la primera de ellas el jueves 20 con el comisario de Justicia, Didier Reynders, al que le trasladará su preocupación «por los casos de espionaje» con el software Pegasus.

Al día siguiente está previsto que Aragonès se encuentro con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, para explorar la contribución que puede hacer Catalunya en el marco de la soberanía digital europeo y en el diseño y creación del chip europeo.