Aragonès anuncia una campaña de la Generalitat para fomentar el monolingüismo en catalán

Natàlia Garriga, consejera de Cultura, y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, han informado a la prensa (tras la reunión extraordinaria) de los puntos más destacados de la iniciativa que tendrá incidencia en las escuelas, los centros de salud, el Código de Consumo autonómico, las autoescuelas, las plataformas digitales y los cines, principalmente. Para Aragonès, con esta campaña arranca «una nueva etapa» de la política lingüística en Cataluña.

En esta línea, en tanto que la lengua catalana es «una prioridad» para el Govern, Garriga ha indicado que su departamento destina a la Secretaria de Política Lingüística unos 23 millones de euros y que el objetivo es que en los presupuestos de 2023, que el Govern negocia con el PSC, Junts y los comunes, la cifra destinada a estas políticas lingüísticas ascienda a los 30 millones de euros, al margen de lo que cada consejería fija individualmente al mismo objetivo.

Preguntada por las multas lingüísticas, Garriga ha informado de que en lo que va de año 2022 la Generalitat ha multado a 33 empresas después de evaluar 456 denuncias y 968 actuaciones de oficio por parte de la administración autonómica. De todas estas, el 60 por ciento aproximadamente se archiva sin llegar a un análisis previo para una posible sanción, ha dicho la consejera de Cultura.

Por su parte, Aragonès ha recordado que la Generalitat ha burlado la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la administración a aplicar el 25 por ciento de clases en español en las aulas de toda la comunidad. El presidente de la Generalitat ha sacado pecho por haber paralizado la aplicación de la sentencia judicial, cuyo tema de fondo se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera una maniobra al margen de la Constitución.

Además de los ámbitos ya citados, las medidas aprobadas también incidirán, entre otros, en el deporte, en los centros religiosos, en las universidades, en el sector agrícola, en la administración de Justicia y, por ejemplo, en el fomento de la lengua de signos catalana, en detrimento de la lengua de signos española. Cada tres meses, el Govern realizará el seguimiento de estas medidas y lo tratará en una reunión ordinaria.