La Asamblea por una Escuela Bilingüe tendrá acceso al resultado del polémico cuestionario de Cataluña

En su resolución 1021/2022, de 15 de diciembre de 2022, a la que ha tenido acceso ABC, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), órgano independiente ante el que se puede reclamar si una administración de Cataluña, o cualquier entidad, organismo o empresa pública que dependa de dicha administración, no facilita el acceso a una información pública, reconoce a la entidad el derecho a consultar todas las respuestas de los centros a excepción de la última: «¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?».

El GAIP considera que esta última pregunta «adquiere una trascendencia mediática innegable, en la medida en que se asocia con un posicionamiento ideológico e incluso político desde el requerimiento de TSJC respecto al cumplimiento del 25 por ciento. «En este sentido –añade la GAIP–, se ha podido observar la presencia de medios de comunicación en las puertas de las escuelas asociadas al cumplimiento o incumplimiento de esta cuota, con el perjuicio para la normalidad del entorno en el que los menores han de acudir a los centros y la alteración de la normal convivencia de la comunidad escolar».

Por lo que respeta al resto de las preguntas, según especifica la GAIP, «no se aprecia que el acceso reclamado comporte ningún daño en el derecho de los menores ni pueda generar la segregación escolar que se invoca para justificar la desestimación del acceso a la información».

La AEB reclamó el acceso a los datos el 6 de julio y pocos días después, el 25 de julio, la Generalitat pidió que no se facilitara la información apelando a que «la divulgación de la información solicitada detallada por centro puede ser causa de segregación escolar de los centros» y «permitiría comparaciones y clasificaciones en los centros educativos».

Tras un intento fallido de mediación, el 10 de octubre, la GAIP estima parcialmente la petición de la Consejería y solo priva a la entidad del acceso a la última pregunta. Da 20 días de plazo a la Generalitat para que le envíe los resultados de las seis cuestiones.

El consejero del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray, remitió en mayo siete preguntas a las direcciones de escuelas e institutos, cuyas respuestas deben ser todas afirmativas para que el Govern dé por buenos los proyectos lingüísticos, ya que considera que el nuevo marco normativo, en fase de revisión por parte del Tribunal Constitucional, evita e impide el 25 por ciento en el sistema educativo. Cuando vencía el plazo concedido por el TSJC para que explicara cómo estaba cumplimiento la sentencia, el consejero se limitó a enviar al tribunal el citado cuestionario y las instrucciones remitidas a los centros para incumplir el fallo.

En relación a la encuesta, la pregunta clave que pone de manifiesto la voluntad de incumplimiento es, precisamente, la séptima pregunta. Si los directores de los centros responden 'sí', la Consejería da por bueno el proyecto lingüístico, mientras que si responden 'no', es decir, que los colegios y los institutos utilizan porcentajes, se les niega el visto bueno a sus proyectos y deberán adaptarlo en seis meses.

En cualquier caso, Ana Losada, presidenta de la AEB, está convencida de que los resultados del cuestionario «demostrarán que los proyectos lingüísticos sólo son una herramienta para mantener la escuela monolingüe en catalán y una prueba más de que la Generalitat usa a los centros para intentar bloquear la aplicación de las sentencias y de que el castellano sea lengua vehicular en toda escuela pública».