Un policía procesado por el 1-O denuncia por abuso sexual a la manifestante que lo besó en la boca

El ósculo, que recogieron las cámaras de la cadena Al Jazeera, se produjo cuando el funcionario, entonces en la Unidad de Intervención Policial (UIP), se encontraba ante el Departamento de Enseñanza, en la vía Augusta de la capital catalana, bajo la orden de requisar las urnas. Fue allí donde, mientras mantenía la línea, con la visera del casco levantada, una de las manifestantes, tal y como se aprecia en las imágenes -minuto 1:33-, le agarró la cabeza y lo besó.

En la denuncia, consultada por este diario y presentada este lunes, 11 de septiembre, ante los juzgados de Barcelona -por tanto, pendiente de admisión-, el policía relata que la reacción de la mujer se produjo en un ambiente de «extrema violencia ambiental», entre gritos e insultos a los uniformados, cuando estos ya se replegaban. Fue entonces cuando la manifestante, «de unos 60 años», se acercó a él, lo insultó y acercó su boca a la suya, tras agarrarle del cuello.

El funcionario cree que dicha acción buscaba una reacción por su parte, que desencadenara así «una situación de violencia generalizada». Además de «asco», su reacción fue de contención, ante la situación de extrema tensión que, relata, vivieron en cada colegio donde se les ordenó intervenir aquella fecha. «Al agarrarme de la pare baja del casco no puedo zafarme», detalla en la queja. Tampoco mostrar una «respuesta brusca que hubiese podido ocasionar, para evitar un riesgo aún mayor para la fuerza actuante.

Aunque han pasado ya casi seis años -por lo que el supuesto delito ya habría prescrito-, el agente formaliza ahora la denuncia, tras el caso Rubiales. Una queja en la que solicita la identificación de la mujer, así como una orden de alejamiento de la misma. Desde el Sindicato Unificado de Policías (SUP) instan a «los poderes públicos a poner a disposición del funcionario todas las herramientas y garantías para protegerlo».

Con esta llamada de atención, la organización pretende poner de manifiesto que, igual que le propinaron un beso, cualquier manifestante podría haber arremetido contra la línea policial con, por ejemplo, algún objeto punzante.

La intención del agente, dado que está imputado por su actuación el 1-O, es tratar de evidenciar lo que es de manual: que la distancia resulta vital en los despliegues de los antidisturbios que no saben si, entre la masa, algunos de los manifestantes pueden portar elementos peligrosos. La distancia es, por tanto, la mejor manera de repeler una eventual agresión.

Y es que, a la espera de que la Fiscalía y las partes presenten sendos escritos, prevé sentarse en el banquillo por lesiones leves, al repeler la agresión de una activista a uno de sus hombres. Por contra, la denunciante solo necesitó una primera asistencia facultativa. «Se hizo un uso progresivo de la fuerza, como marcan los protocolos. Mi jefe decidió no usar ni botes fumígenos ni lacrimógenos, tampoco pelotas de goma, entonces lo único que queda es la defensa reglamentaria», explicó a ABC otro mando investigado hace unos meses. 

Su grupo tenía asignados 22 colegios. En los tres primeros, dispersaron a los votantes con agarres y luxaciones. «La actitud fue cambiando a lo largo de la mañana, primero fue meramente pasiva, y más o menos educada, pero cuando vieron que no había sanciones ni detenciones: resistencia numantina», apuntó el policía que, durante la década que pasó en la UIP, veló por la seguridad en manifestaciones en el País Vasco y Navarra. Al igual que sus compañeros, no había visto nada igual. 

«Mis hombres los sacaban de la mano, luxando, hasta la zona delimitada, pero a mí eso no me gusta, porque esas personas estaban sin cachear, si alguien tiene un objeto punzante y te lo clava en el cuello, ahí te quedas. Por seguridad personal yo mantengo la distancia, dos metros. Si se me abalanzan con un cuchillo puedo reaccionar. En cambio, si lo tengo agarrado de un brazo, con el otro puede sacar lo que sea. No se puede tolerar el cuerpo a cuerpo», ilustró entonces.

Se trata de orden público. «Si te están ordenado que salgas de la zona de exclusión, tienes que obedecer, pero ese día, hoy o mañana si vas a un partido de fútbol», subrayó. De los 65 agentes denunciados en la causa de Instrucción 7 de Barcelona, el juez Francisco Miralles ha sobreseído el caso contra 20: los que no usaron la defensa policial, sino «agarres».

Desbordados, cuando acabaron de clausurar el cuarto colegio, a las 14.00 recibieron la orden de retirarse. Nadie la asumió. Tampoco las anteriores, incluyendo las cargas. «Mi jefe me daba las órdenes de viva voz, porque estaba detrás de mí, pero a él se las daban por el móvil y por canal corto, que no pasa por emisora y no queda grabado». Ahora, 45 agentes están pendientes de juicio por su actuación aquella jornada.