Un «patrón» en los visados llevó a la Policía Nacional hasta la red de falsos menores tutelados

Para desplazarse hasta territorio nacional, las familias obtenían visados de turista, que no permiten exceder los 90 días de estancia. Revisando las bases de datos, los investigadores de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) comprobaron que, pasado ese plazo, muchos no habían salido de España. Después, verificaron que algunos de los menores que aparecían en dichos visados estaban bajo tutela de la administración.

Ha sido una investigación larga, que arrancó en noviembre de 2023, y que culminó este pasado miércoles, con la detención de una treintena de progenitores; así como con la 'devolución' a sus familias de 22 menores, hasta entonces, bajo custodia de la Generalitat.

Por el momento, las pesquisas, que aún siguen en curso, estiman que el fraude a la Seguridad Social podría superar el millón y medio de euros. Es sólo un cálculo inicial, ya que, indican desde el Cuerpo, el mantenimiento de los menores extranjeros no acompañados puede oscilar entre 31 y 140 euros al día. Por lo que será con el transcurso de la investigación, cuando podrán fijar la cifra definitiva, que se reflejará en el atestado final de la operación, bautizada 'Ame'.

Gracias a la labor policial, se ha podido constatar que los progenitores abandonaban a los niños cerca de comisarías, centros de menores o sedes de organismos públicos, tras haberlos aleccionado para que los declarasen en situación de desamparo e ingresar así en centros tutelados.

La intención de dichas familias era que la administración asumiese los costes de manutención de los menores, y, a la vez, facilitarse el camino para una futura reagrupación, con la obtención de permisos de residencia en España. En este caso, los investigadores han detectado dos tipos de perfiles. Por una lado, padres con solvencia económica y múltiples visados Schengen, que abandonan a los niños, para luego regresar a sus países de origen –que desde el Cuerpo no han querido desvelar–, manteniendo visitas programadas a los centros. La segunda tipología era de familias con menor capacidad económica que, tras instruir a sus hijos, permanecían en España, manteniendo contacto telefónico con ellos.

Finalmente, los progenitores que la Policía consiguió localizar, originarios del norte de África –Marruecos y Argelia, principalmente– fueron detenidos, acusados de abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración. Hasta el momento, la UCRIF ha localizado 124 expedientes de menores en centros de protección de la provincia de Tarragona que cumplen con estas características. De estos, 109 han sido ya analizados.

Tras la explotación del caso, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, condenó ayer que «algunas familias, a pesar de tener recursos económicos, abandonasen a sus hijos en dependencias policiales, para entrar en el sistema de protección». Recordó así que su finalidad es garantizar la atención a los que sí se encuentran en situación de vulnerabilidad, y «no puede ser pervertido por estas prácticas».

Apuntó asimismo que el dispositivo para desmantelar la red, con la colaboración de la Dirección General de Atención y la Infancia y la Adolescencia, pone de manifiesto que «el sistema funciona», y que «las reformas emprendidas en los últimos meses» para refundarla «da sus frutos».

Por su parte, desde la oposición, Juan Fernández (PP) criticó la gestión del Gobierno y la Generalitat en materia de inmigración. «La actuación mafiosa se utilizaba para entrar en el país y para burlar la legalidad. Este caso es el mejor ejemplo que demuestra el fracaso de las políticas buenistas de la izquierda, y de que tenemos un sistema que ha fallado».

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El portavoz del PP incidió en que este tipo fraudes se producen «porque el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene política migratoria» y concretó que dicha ausencia de política produce tres problemas: «Primero, condenar a la precariedad a las personas que vienen y que acoges. Segundo, que se acaba amenazando el Estado del Bienestar con el colapso de los servicios públicos. Y tercero, se facilita el fraude». Así denunció que, desde su punto de vista, «durante muchos años no se ha ejercido la debida vigilancia ni el control debido en Cataluña».