Así lo manifestó el pasado diciembre, durante su intervención tras la junta provincial de la formación que se celebró en A Coruña (Galicia). Tras dichas declaraciones, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció la interposición de la querella contra Casado, al asegurar que «hay líneas rojas que no se pueden cruzar» y que las palabras del popular eran «falsas» y atacaban al «conjunto del profesorado».
Ahora, el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella del Gobierno catalán contra Casado, que declarará por videoconferencia el próximo 30 de enero. En su auto, el juez considera que las palabras del político «pueden ser constitutivas al menos de un delito de injurias», aunque la Generalitat se querelló contra él también por delitos de odio y discriminación.
En su escrito, fechado el pasado 27 de octubre, el magistrado también solicita al Partido Popular la grabación íntegra de la rueda de prensa en la que Casado efectuó las declaraciones que motivaron la querella, así como la relación de medios de comunicación presentes en la misma.
El popular se pronunció así tras la decisión judicial que avaló la aplicación del 25 por ciento del castellano en la escuela catalana, tras la petición de una familia de Canet de Mar (Barcelona), que desembocó en una campaña de acoso a la misma.
Para la Generalitat, las palabras de Casado suponen una «incitación a la hostilidad contra la población de Cataluña» y manifiestan «un claro afán discriminatorio por motivos culturales o idiomáticos».
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