Una mafia okupa alquilaba niños para frenar desalojos en Barcelona

Eran tres madres con sendos hijos quienes, a cambio de unos 500 euros, se instalaban en las viviendas durante 24 o 72 horas, una vez los integrantes de la banda las habían ocupado. Tras cambiar la cerradura, llegaba «la puesta en escena», en palabras del inspector Josep Naharro, responsable la División de Investigación Criminal (DIC) en Barcelona.

La «performance» consistía en hacer ver que el espacio, propiedad de entidades bancarias, «pareciese un domicilio. Hacían llorar al niño detrás de la puerta. Los agentes informaban al juzgado, se activaban así los servicios sociales y el proceso era mucho más largo que ante ocupaciones criminales», ha detallado este martes el mando de la Policía catalana.

Llegar hasta los nueve integrantes de la mafia dedicada a la ocupación, que se encuentra en el «top cinco» de las más activas de Barcelona, no ha sido tarea fácil, ya que nadie interpuso ninguna denuncia, ni propietarios ni víctimas -aquellos que realquilaron las viviendas, por su situación de vulnerabilidad y, en ocasiones, sin saber que se trataba de pisos allanados-.

«Eran personas que no tenían otra posibilidad. En algunos casos, engañados, y desconocían que era ocupados», ha subrayado Naharro. Las pesquisas, que se han alargado durante cuatro meses, se han saldado con la detención de nueve personas. Entre estos, los tres cabecillas de la organización, las tres mujeres que empleaban a sus hijos, el individuo encargado de pinchar la luz en los inmuebles, y el «cobrador» de los alquileres.

En cuanto a los menores, el inspector ha detallado que no se puede hablar de explotación infantil, ya que, tal y como ha determinado la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), no se encuentran en edad escolar, tienen arraigo en el territorio, y por tanto, no existe desamparo. «Sus madres no veían ningún riesgo, porque no existía ningún tipo de violencia en la actividad. Solo rentabilidad», ha zanjado.

El 'modus operandi' de la mafia era escoger inmuebles vacíos -ocuparon 12 en solo cuatro meses, y lo intentaron en otros 12-, cambiar la cerradura, usar el gancho de los menores para evitar el desalojo y luego alquilarlos, venderlos o bien ofrecérselos al legítimo propietario a cambio de 8.000 o 10.000 euros. En caso de que éstos últimos no tomasen medidas de seguridad, volvían a allanarlos y de nuevo exigían una cuantía para dejarlos en sus manos.

Por el alquiler de una habitación podían embolsarse entre 200 y 400 euros; entre 1.000 y 1.500 por el del piso entero, y una horquilla de entre 4.000 y 5.000 por la venta. Según los investigadores, los ingresos del entramado ascendieron a unos 96.000 euros, solo en los cuatro meses de investigación, pero su actividad delictiva se remonta a 2020. De hecho, según ha detallado el inspector, los detenidos, que han quedado en libertad, integraban una de las mafias más activas dedicadas a la ocupación de inmuebles en la capital catalana.

La clave para no llamar la atención, además de la utilización de los menores, era pasar desapercibidos. «Son conocedores del Código Penal. Saben que si hubiese violencia o intimidación la pena sería mayor, por eso tenían un perfil plano para evitar la actuación policial», ha indicado el mando de los Mossos sobre esta «red empresarial, vestida de crimen organizado». Su principal característica: «la profesionalidad» y es que su actividad se mantenía en torno a los «10 o 12 pisos ocupados. Vivían de la comisión de este delito».

Eso sí, Naharro ha querido puntualizar que, pese a este caso, «no todas las ocupaciones en las que hay menores son llevadas a cabo por mafias».