Los Mossos acreditan un perjuicio de 1,2 millones por la red de estafas inmobiliarias con víctimas en toda España

Fue la denuncia de un despacho de notarios de Figueres (Gerona) la que dio inicio a las pesquisas, en mayo de este año, por una supuesta estafa. Y es que la red simulaba poderes notariales sobre inmuebles para acabar pidiendo créditos, que no devolvían, a inversores privados. El aval eran las mismas propiedades.

El engaño se componía de cuatro fases. La primera de ellas se centraba en la investigación en portales de compraventa de inmuebles de alto valor económico que pudieran llamar la atención de inversores. A partir de aquí, los delincuentes solicitaban información por diferentes vías, como por ejemplo el Registro de la Propiedad, para conseguir los datos personales de los propietarios y saber así si las viviendas seleccionadas estaban libres de cargas. Unas comprobaciones enfocadas a que futuros inversores pudieran inscribir una opción de compra sobre los productos inmobiliarios.

La segunda fase comenzaba una vez obtenían los datos de los titulares de las fincas. A partir de aquí, miembros de la organización elaboraban documentación falsa para usurpar la identidad de los propietarios y otorgar poderes notariales para la libre disposición de la propiedad a favor de otro de los miembros del entramado, como un abogado, que actuaba como apoderado, y que se encuentra entre los detenidos.

Con los poderes otorgados, empezaba la tercera fase para concretar operaciones con inversores inmobiliarios. Los investigados contactaban con asesores o intermediarios de financiación y, simulando alguna situación personal de necesidad y en la cual la persona titular se había visto obligada a otorgar poderes notariales a un tercero, solicitaban un crédito de importe elevado, a menudo de entre 100.000 y 300.000 euros, el cual querían avalar con la finca sobre la que habían adquirido poderes de forma fraudulenta. Este crédito se materializaba mediante una opción de compra a un plazo relativamente corto – habitualmente de doce meses- en favor del inversor que, en caso de una situación de no retorno del crédito, podía adquirir el inmueble por un precio claramente más bajo de su valor real.

Con las condiciones de la operación financiera acordadas, las dos partes se citaban ante notario para materializarla con las pertinentes firmas y la entrega del importe del crédito mediante transferencia bancaria.

La última fase de la acción delictiva consistía en la división del beneficio obtenido entre los miembros de la organización y la realización de inversiones, compras y movimientos bancarios con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero. De hecho, los investigadores han podido acreditar la adquisición de inmuebles de manera conjunta entre algunos investigados así como operaciones de inversión y compras de vehículos y sociedades en fechas inmediatamente posteriores a las de las estafas.

Entre las víctimas de las estafas se encontraban principalmente los propietarios de las fincas sobre las cuales se habían realizado actas notariales fraudulentas en nombre de los titulares y los inversores que habían adquirido la opción de compra, confiando en la legitimidad del poder notarial. Unos inversores que difícilmente podían haber detectado la estafa antes de que finalizara el plazo de retorno del crédito.

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Por otro lado, en el marco de la investigación también se recibieron denuncias por parte de los intermediarios y asesores que habían puesto en contacto los acreedores con los autores de las estafas. Así, los Mossos han podido acreditar la existencia de trece actas de otorgamiento de poderes notariales fraudulentos con DNI's falsificados, así como siete estafas consumadas por valor superior a 1, 2 millones de euros. Con todos los indicios recabados, el 11 de noviembre, los agentes diseñaron un dispositivo, que contó con más de 80 efectivos policiales, para detener los miembros del entramado con entradas simultáneas a Estepa (Sevilla), Rubí y Manresa (Barcelona).

El balance final de la operación fue de 22 detenidos -17 hombres y cinco mujeres-. La mayoría de detenidos contaban con antecedentes por varios delitos y, concretamente, los principales líderes de la organización ya habían sido detenidos anteriormente por delitos de la misma tipología. Se los atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, usurpación del estado civil y pertenencia a organización criminal.