Miguel Ángel Aguilar: «Discriminar a colectivos vulnerables no sale gratis»

—Una sentencia pionera en España por difundir noticias falsas.

—Solo es posible cuando su contenido encaja en un artículo del Código Penal. En este caso supone la discriminación a un colectivo, los menores no acompañados, con humillación y descrédito, por su edad y nacionalidad.

—¿Algo habitual en redes sociales?

—Es una conducta que se repite, pero no es fácil llegar hasta quien la comete. Este caso lo denunció la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), la Fiscalía abrió diligencias y encargó la investigación a la unidad de radicalismos en redes de los Mossos d'Esquadra, que descubrieron al autor.

—Un guardia civil.

—Nos enteramos después, porque no constaba en el procedimiento, pero desde el punto de vista jurídico es inocuo. Usaba perfiles privados anónimos y no hubo abuso de su condición, ya que no lo hizo en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas.

—¿Condena ejemplarizante?

—La difusión de este tipo de casos contribuye a que las víctimas denuncien, pero también es un aviso a navegantes. Discriminar y estigmatizar a colectivos vulnerables no sale gratis. Denunciar vale la pena. En este caso no tenía antecedentes, pero sino hubiese entrado en prisión. Tendrá que pagar una multa y realizar un programa de tratamiento de igualdad de trato.

—¿Aún cuesta denunciar?

—La mayor parte de los delitos de odio no se denuncian. No solo tenemos conocimiento desde la propia trinchera, sino que así lo recogen estudios de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, y en España los datos del Ministerio del Interior. Alrededor del 80 por ciento, algunos colectivos aún más, no presentan denuncia.

—¿Los motivos?

—Hay muchas causas. La desconfianza, 'no me van a creer' o 'no va a pasar nada'. Otras víctimas tienen miedo a revelar su identidad sexual, y las personas extranjeras sin documentación temen que las expulsen.

—¿Alguna alternativa?

—Modificar la ley de extranjería para que las personas que hayan sufrido delitos de odio de cierta gravedad puedan obtener permisos temporales de residencia, como las víctimas de trata o de violencia de género. Sería un paso importante para hacer emerger una parte de la cifra sumergida de delitos.

—A pesar de la infradenuncia, el crecimiento es progresivo.

—No se disparan las cifras pero sí es una tendencia paulatina, un incremento año tras año.

—Los de motivación racista/xenófoba son los más numerosos.

—Porque afectan a mayor número de población. Después está la orientación sexual, que en Cataluña sí se ha disparado un poco, porque las víctimas son más visibles. La orientación sexual ya no se esconde y los intolerantes lo tienen más fácil. La concienciación también contribuye al aumento de denuncias.

—Por ideología, en tercer lugar.

—Ha bajado mucho. Llegó a ser el primer motivo de discriminación en momentos de cierta convulsión en la sociedad catalana. Ahora, afortunadamente, se registran pocos. Nada que ver con lo que pasó entre 2017 y 2019, cuando se disparó.

—¿El supremacismo blanco es una amenaza?

—Es un sector de delincuencia que no es para estar preocupado, pero sí ocupado. En internet circulan, provenientes de otros países, discursos de fuerte contenido supremacista y ese discurso de odio puede germinar en la sociedad, pero eso debemos estar muy atentos. Cuando identifiquemos a sus autores hay que actuar con la contundencia y la proporcionalidad que da el Estado de derecho porque ponen en peligro la convivencia.

—Dice que «no todo lo odioso es delito de odio». ¿Cómo se distingue?

—Hay comportamientos o expresiones discriminatorios que no son delito. Si uno se salta un semáforo no lo van a meter en la cárcel, salvo que uno se lo salte borracho y atropelle a alguien. Con la discriminación sucede lo mismo, hay comportamientos inadmisibles cuya respuesta no tiene que estar en el Código Penal, sino en el derecho administrativo sancionador. Para eso se han dado pasos importantes. En Cataluña, con una ley de igualdad de trato y no discriminación, que se aprobó en 2020, que establece un catálogo de infracciones y sanciones. También a nivel estatal, la que se aprobó el pasado julio. Mecanismos de respuesta que tiene el Estado de derecho para hacer frente a los comportamientos discriminatorios.

—¿Como el bus de Hazte Oír, inmovilizado el jueves en Barcelona?

—Se abrirá un expediente sancionador, cada parte podrá realizar alegaciones y la Generalitat decidirá si procede o no imponer una sanción.

—¿Y cuando es el discurso de un diputado el que señala a un colectivo vulnerable?

—Los diputados tienen la condición de inviolabilidad por las manifestaciones que realizan en el ejercicio de sus funciones. Si lo hacen al margen de ésta, depende de lo que digan, ante quién y cómo lo digan.

—¿Cómo se combaten las 'fake news'?

—Con datos y educación; haciendo campañas de sensibilización. No es ideología de género, se trata de respetar los derechos humanos, la diversidad y la diferencia. Hay que educar en eso.

—¿Por ejemplo?

—Los datos demuestran que los servicios públicos no están colapsados por personas inmigradas. Somos un país de inmigrantes, lo hemos sido siempre. Hay que hacer pedagogía y demostrar que aportan diversidad y riqueza.