Una madre pionera en exigir el 25%: «No odiamos el catalán, es al revés, ellos odian el castellano»

Este es uno de los motivos por los que este domingo participa en la marcha de Escuela de Todos contra la marginación del español en la comunidad. «No odiamos el catalán, es al revés, ellos odian el castellano», explica a ABC la progenitora, que lamenta que el Govern «pasa por encima de las leyes y los derechos» de los ciudadanos. «Es una autocracia», censura.

Santos explica que, pese a que en privado son muchos los que critican que el castellano se haya reducido a la mínima expresión en las escuelas catalanas, son pocos, como ella o el padre de Canet, los que se atreven a alzar la voz para reclamar sus derechos. Por ello llama a participar en la marcha. «Si todos los que estamos en contra de la inmersión lingüística saliésemos a la calle, sería una forma de demostrar que no somos solo cuatro, como dicen los nacionalistas».

Esta madre subraya que «no pasa nada porque dos asignaturas se impartan en castellano y el resto en catalán. Las lenguas son una riqueza. No podemos enrocarnos en el supremacismo lingüístico que nos quiere imponer el nacionalismo catalán». Por defender este derecho para sus dos hijas -y ganarlo en los tribunales- ha sufrido insultos y amenazas. «Como si fuésemos fascistas o gente inadaptada», recuerda, pero asegura no tener miedo.

Sabe que éste ha sido el motivo que ha llevado a otros progenitores a asumir la imposición, pese a ser contrarios a la inmersión. «No quieren pedir el castellano porque creen que les van a señalar o a hacer 'bullying' a sus hijos. Es una especie de terrorismo social, no te matan físicamente, pero sí socialmente», lamenta.

Además, Santos critica la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer defender los derechos lingüísticos en Cataluña. «Callan porque dependen del apoyo de los independentistas. Lo he dicho muchas veces, los partidos políticos tienen mucha responsabilidad en haber permitido desterrar el castellano de las aulas», y recuerda que el PSC fue uno de los que avaló la inmersión.

A la espera de que el Constitucional se pronuncie, Consuelo lo tiene claro: «Si hace falta, llegaremos a Estrasburgo -al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)-».