Un juzgado paraliza 'in extremis' la eutanasia de una joven prevista para este viernes en Barcelona

El auto, que no entra en el fondo de asunto, da tres días a la Fiscalía y la Comisión de Garantías y Evaluación de Cataluña para que se pronuncien al respecto del «levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada», tras la demanda del progenitor, en la que apunta que su hija no sufre una enfermedad grave e incurable o una condición grave, crónica e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable, «condiciones estrictas bajo las cuales se puede conceder la eutanasia».

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Javier Palomo

El progenitor apunta también que la persona que la solicita «debe poder tomar decisiones de forma libre, consciente informada» y que tales «requisitos no se cumplen en absoluto en el presente caso». Sostiene así que «los trastornos mentales, que incluyen ideación suicida, ideas paranoides y el trastorno bipolar que sufre pueden afectar su capacidad para tomar una decisión sobre la eutanasia. Las enfermedades mentales graves pueden nublar el juicio y la capacidad de valorar adecuadamente las opciones disponibles».

La demanda apela también a la Constitución, que consagra la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, lo que incluye el derecho a recibir una atención sanitaria adecuada y defiende que el Estado «tiene la obligación de proporcionar a la chica todos los tratamientos y apoyos necesarios para mejorar su salud mental y aliviar su sufrimiento pero, en este caso, lo que está sucediendo es que a una persona de 23 años que ha sufrido intentos de suicidio, y que padece trastornos severos, se le fuerza a recurrir a la eutanasia sin cumplir los requisitos legales para ello«.

Por ello reclama acceso a terapia, medicación adecuada, apoyo psicológico y social y cualquier otra intervención que pueda mejorar su calidad de vida. La joven, actualmente, se encuentra ingresada en el Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Según el progenitor, intentó quitarse la vida en dos ocasiones. Una de ellas, en octubre de 2022, cuando se tiró desde un quinto piso, por lo que quedó en silla de ruedas.

Tras ello, y permanecer ingresada, primero, y bajo tratamiento después, su estado mental mejoró, según los informes médicos aportados por el padre. Por ese motivo, argumenta que la joven experimenta «cambios en su estado de ánimo» que le han hecho «modificar varias veces su postura con respecto a la eutanasia». «Tiene solamente 23 años, por lo que su estado de salud general es susceptible de mejoría por su juventud. Tiene aún muchísima vida por delante y su esperanza de vida no se ha visto afectada», reza la demanda.

El padre asume que la joven «sí presenta una patología grave», pero defiende que «su cuadro mejora con el debido tratamiento». Además, esgrime que su estado «no le ocasiona un sufrimiento físico o psíquico insoportable». Se basa para ello en los informes médicos que corroboran que «no hay dolores graves, y que los que hay, son perfectamente controlables, con las pautas de tratamiento actuales de la paciente».

Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado la decisión judicial y ha reprochado que con la ley de eutanasia se abre la veda a casos en los que se acaba con la vida de personas que lo que en realidad sufren son patologías mentales. Por ello la entidad anima a «apostar por el tratamiento de las enfermedades mentales en lugar de autorizarles» el suicidio asistido.