El juez del caso Pegasus ya tiene los autos del Supremo que autorizaron el espionaje a Aragonès

Un espionaje, según apuntó Aragonès en su declaración ante el instructor, que se habría producido entre julio de 2018 y marzo de 2020, coincidiendo con momentos de «especial relevancia política», como la formación del Govern; las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, en 2020, así como las de los Presupuestos y la Mesa de Diálogo. Negociaciones en las que Aragonès ejerció como «máximo representante de ERC».

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Elena Burés

El presidente de la Generalitat apunta que su móvil estuvo intervenido entre julio de 2018 y marzo de 2020. Entre otras, durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez

Fue el pasado martes, 16 de enero, cuando el Consejo de Ministros aprobó, por primera vez, la desclasificación parcial de documentos del CNI sobre el espionaje con Pegasus a Aragonès, aunque el pasado diciembre, la ministra de Defensa ya avanzó que dicha desclasificación, a petición del juez, era «bastante probable». Sin ella, Esteban no podría declarar, ya que la ampara la Ley de Secretos Oficiales.

Ayer, finalmente, el Gobierno remitió al juez Santiago García la autorización para reclamar la información secreta, para que pudiese reclamarla al Centro. Esta mañana, el instructor ya tiene en su poder los autos del Supremo. No así otra información requerida, como la relativa a la compra del 'softarwe' de la empresa israelí NSO, ya que la desclasificación es solo parcial.

Fue el pasado octubre cuando el juzgado admitió la querella de Aragonès. Queja que el republicano formalizó por el supuesto espionaje a varios independentistas, entre los que se encuentra. Entre 2015 y 2020, hasta 65 políticos y activistas soberanistas habrían tenido su teléfono infectado con el programa espía, según un estudio que publicó Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá). Las sospechas se dirigieron hacia el CNI, ya que este programa sólo se vende a agencias gubernamentales. La entonces directora del Centro, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reconoció que sí habían monitorizado a 18 personas, siempre con autorización judicial. Entre los políticos que el Centro admitió haber espiado figuraba Aragonès, pero en la época en la que aún era vicepresidente.