La juez da cinco días a acusaciones y Fiscalía para pronunciarse sobre la amnistía a los policías del 1-O

La tesis de las acusaciones es que todos ellos podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral, excluido de la norma. En cambio, algunas defensas, como la de los nueve policías que ya solicitaron ayer la amnistía, rechazan dicha posibilidad, al apuntar que a lo sumo podrían haber incurrido en algún delito de lesiones leves. En otros, en ningún ilícito.

La asociación Irídia, que ejerce la acusación, ya ha avanzado que se opondrá a que se archive la causa contra los funcionarios procesados, ya que sostiene que todos ellos sí incurrieron en delitos de torturas durante su despliegue en Barcelona para tratar de impedir la votación, en octubre de 2017.

Por su parte, la defensa de los nueves agentes que este miércoles remitieron ya un escrito al juzgado para solicitar el olvido penal solicita la extinción de responsabilidad criminal de sus representados. Al encontrarse la causa en fase de instrucción, reclama, tal y como prevé la ley, el sobreseimiento libre. El texto, consultado por ABC, apunta que los funcionarios «intervinieron en la defensa del ordenamiento, en el cumplimiento de sus funciones, así como con la proporcionalidad y mesura necesaria en defensa de la legalidad, y de acuerdo a la compleja situación a la que remitieron a las fuerzas policiales, y con los escasos medios de que fueron dotados, para evitar la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación».

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Sostiene también que alguno de los agentes está imputado sólo por «meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa». Y subraya que ni el trato degradante ni las torturas se produjeron en ninguna de sus actuaciones.