Un juez de Barcelona anula la sanción impuesta a una cafetería de Sitges por usar el castellano

Convivencia Cívica Catalana (CCC), que recurrió la multa, celebra el pronunciamiento judicial y reivindica «la libertad de atender en castellano en el propio comercio». Anuncia, asimismo, que «redoblará» su campaña de asesoramiento a los comerciantes y llama a «recurrir todas las sanciones derivadas de las denuncias genéricas interpuestas por las organizaciones separatistas para poner fin al sistema de delaciones lingüísticas vigente en Cataluña».

La resolución, consultada por ABC, constata que una denuncia genérica no es base suficiente para incoar con garantías un expediente sancionador por motivos lingüísticos. Para CCC, el fallo «refuerza la libertad lingüística en las relaciones privadas entre profesionales y clientes» y «consolida la seguridad jurídica de los comercios frente a campañas tramitadas mediante formularios estandarizados».

«Consideramos, además, que se trata de un primer paso para poner fin al sistema de delaciones lingüísticas promovido por la Administración autonómica, que anima a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos por usar el castellano en sus negocios bajo la falacia de que debe emplearse al menos el catalán», señala Convivencia Cívica.

A juicio de su presidente, Ángel Escolano, «pretender imponer el uso de una de las dos lenguas oficiales a los ciudadanos en el ámbito empresarial y comercial constituye una invasión intolerable de su libertad y es incompatible con los derechos fundamentales».

«La lengua que una persona elige para trabajar y relacionarse en su propio negocio forma parte de su vida privada, como lo son la religión o la orientación sexual: una expresión del libre desarrollo de su personalidad en la que ningún poder público que aspire a ser democrático tiene derecho a inmiscuirse. Ninguna administración puede obligar a utilizar una lengua oficial sobre otra en el comercio; sostener lo contrario —y establecer un sistema de delación como existe hoy en Cataluña para perseguir a quien usa el castellano— es propio de regímenes totalitarios», añade Escolano.

CCC recuerda que «en una sociedad libre y bilingüe, la lengua de atención en el ámbito privado —incluida la relación entre comerciante y cliente— forma parte de la esfera de libertad del ciudadano. Ninguna administración puede imponer una preferencia por una de las lenguas oficiales en las relaciones privadas; su función debe limitarse a garantizar el conocimiento de ambas, nunca a sancionar su uso legítimo». En este sentido, la entidad invita a empresarios y comerciantes que afronten expedientes o amenazas de sanción por motivos lingüísticos a ponerse en contacto con ellos «para defender sus derechos ante la Administración y los tribunales«.