La Jefatura de la Policía Nacional seguirá en Vía Layetana pese a ser declarado lugar de memoria democrática

Es decir, como es titularidad de una administración, no podrán desaparecer «vestigios» que recuerden lo que allí ocurrió -en este caso, torturas a presos políticos durante la dictadura franquista-, y también tendrá que impulsarse la difusión de «itinerarios, físicos y virtuales», para que las que fueran dependencias de la Brigada Político-Social puedan visitarse.

Pese a ello, el inmueble conservará su uso policial, pese a los reclamos de formaciones independentistas para expulsar al Cuerpo de Vía Layetana. Cabe recordar que tanto el edificio como sus aledaños fueron el epicentro de las protestas tras la condena del 1-O, cuando los antidisturbios impidieron que fuese asaltado, por lo que varios agentes resultaron heridos de gravedad. Entre ellos, el 18 de octubre de 2019, Iván Álvarez, que se desplomó inconsciente tras recibir el impacto de un objeto contundente que le atravesó el casco y permaneció varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Aquel ataque se tradujo en una incapacidad permanente absoluta que le obligó a jubilarse, y abandonar la Policía con apenas 40 años. No fue el único agente herido. Y es que la Jefatura de Layetana y sus alrededores fueron asediados durante el 'procés', y defendidos por efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) destinados desde otras partes de España. Por este motivo, cuando las formaciones independentistas -y también los comunes- exigieron, una y otra vez, al Gobierno que el edificio dejase de albergar la Jefatura, los sindicatos de agentes se revolvieron contra el reclamo.

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Elena Burés

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Por su parte, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha negado dicha posibilidad, defendiendo la labor de los efectivos de la Policía Nacional y su permanencia en Vía Layetana. Fue hace unos meses cuando la Generalitat, ya en manos del PSC, exigió al Ejecutivo central la «resignificación» del inmueble, para convertirlo en un espacio de memoria democrática pero, poco después, el propio consejero de Justicia, Ramon Espadaler, apuntó que era compatible ese reclamo con mantener el uso policial, que es lo que ahora ocurrirá.

Ya en 2021, para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, ERC exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que el edificio dejase de albergar la Jefatura de Policía. De hecho, Gabriel Rufián llegó a anunciar que se retiraría la partida dos millones de euros para su reforma, pero las obras, relacionadas con la climatización del inmueble, siguieron su curso.

Por su parte, tras conocer que la Jefatura será un espacio de memoria, los sindicatos de agentes han reprochado una «nueva cesión» del Ejecutivo socialista a los independentistas. Entre estos, la Confederación Española de Policía (CEP) que reprocha la «nueva ofensa» del Gobierno a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así lo han trasladado a través de un comunicado, en el que afean a Marlaska no defender a los policías, al considerar que la decisión «está fuera de lugar», ya que en el edificio trabajan agentes «que han crecido en democracia».

«Los agentes de Policía Nacional que han prestado y siguen prestando servicio en Vía Layetana no son herederos de ninguna represión, sino garantes de la democracia actual. También forman parte de la historia de ese edificio, y su labor —especialmente en tiempos difíciles— debe ser reconocida, no señalada», reza el texto de la CEP. Por ello advierten que no permitirán que se les deslegitime ni que «se utilicen las políticas de memoria como arma contra quienes representan la legalidad constitucional».

También desde Jupol ha denunciado la «traición» del Ejecutivo socialista al entender que ha convertido la Jefatura en «símbolo del independentismo». «Esta decisión responde únicamente a intereses políticos a corto plazo, a la necesidad de contentar a los socios independentistas que sostienen al Gobierno y a desviar la atención sobre los graves escándalos de corrupción que lo acorralan», han apuntado a través de un comunicado.

Consideran así que la decisión es un «ataque directo a la dignidad y al trabajo de los policías nacionales que prestan servicio en Cataluña», y que lejos de reconocer el la labor que desarrollan los agentes en la comunidad, Gobierno «ha optado por convertir una sede operativa de la Policía Nacional en un espacio simbólico entregado al relato secesionista».

Ahora, tras la publicación en el BOE para iniciar los trámites, se abrirá un período de información pública de 20 días para que cualquier persona pueda hacer alegaciones. Pasado un plazo de máximo de doce meses desde la fecha de su incoación, el expediente se resolverá.