El informático señala a Borràs y confirma el fraccionamiento de contratos de la ILC

«¿Cómo acordaron que le pagaría el trabajo?», ha inquirido la representante del Ministerio público. «Con contratos de obra y servicio, que no podían sobrepasar el importe de 18.000 euros», ha manifestado Herrero, confirmando así la tesis de la acusación, que sostiene que Borràs fraccionó una veintena de contratos para eludir el concurso público y adjudicarlos así a su entonces amigo.

Para cobrar, según ha detallado este lunes el informático, Borràs le indicó que debía elaborar tres presupuestos a nombre de sendas mercantiles. «Sabíamos que dos no se aceptarían y uno sí», ha indicado ante el tribunal. Es más, el acusado ha detallado que manifestó a la presidenta de Junts su «inquietud» porque «algún funcionario del ILC no estaba de todo de acuerdo con el procedimiento que estábamos siguiendo para elaborar las facturas», por ese motivo le dijo que «estaba incómodo por cómo estaba yendo todo».

Una «inquietud» que quedó plasmada en varios correos que intercambiaron Herrero y Borràs en julio de 2014, y que constan en la causa, tras el registro de los Mossos en casa del informático, cuatro años más tarde, cuando se incautaron de tres discos duros, en los que localizaron las conversaciones entre ambos.

«No recuerdo bien, pero creo que la cantidad final -por la creación del portal web- quedó por encima de 50.000 euros», ha proseguido Herrero. «¿Esta cantidad se fraccionó?», ha preguntado la fiscal. «Sí», ha confirmado el informático. Además, ha apuntado que, cuando habló de los «trapis y marrones» de Borràs, en una llamada intervenida por los investigadores en 2017, se refería a la «manera de facturar» que ésta le había indicado.

Aunque Herrero se ha negado a contestar a la defensa de la líder de Junts, que ha puesto sobre la mesa los problemas de adicción del informático -«¿Consumía usted cocaína, anfetaminas, LSD? ¿En 2015 compró sustancias en la 'deep web'? ¿En verano de 2017 pasó a la heroína intravenosa?», ha inquirido Isabel Elbal-, éste sí ha respondido a su abogada. Sobre él pesa una condena previa por tráfico de drogas, motivo que lo habría llevado a pactar con la Fiscalía, para conseguir una rebaja de pena y tratar así de eludir su eventual ingreso en prisión por las presuntas irregularidades en la ILC.

A preguntas de la letrada, Herrero ha explicado que es «adicto» y que en 2017, «de manera más importante, su consumo diario» hizo que no pudiese atender a su trabajo, sobre todo a finales de año, porque su «necesidad de obtener tóxicos era más importante». Fue así como, según su relato, primero ingresó en un programa de tratamiento con metadona, y luego comenzó a «desarrollar actividades delictivas», como «comprar droga en la 'deep web', a venderla y a comprar dinero falso» porque «necesitaba tener tóxicos».

«A raíz de eso, tuve problemas con la Policía. La Policía me vino a buscar, me acusaron, me detuvieron, y después me juzgaron y me condenaron. Acepté la responsabilidad mi condena, de la misma manera que acepto la responsabilidad de los hechos que hoy se están hablando aquí», ha manifestado Herrero tras su confesión.

La Fiscalía pide para él seis años de cárcel, también para Borràs, a los que se suman otros 21 de inhabilitación por el supuesto amaño de contratos. Esta mañana, durante el inicio de la vista, la presidenta suspendida del Parlament ha manifestado: «De ninguna manera he cometido ningún delito». Tras el acuerdo de los otros dos acusados, Herrero y Andreu Pujol, con el Ministerio público, la presidenta de Junts no declarará hasta la última sesión del juicio, el próximo 27 de febrero. Una petición de su defensa que ha aceptado el tribunal.

Sí lo ha hecho Pujol, quien resultó adjudicatario de algunos contratos de la ILC. A diferencia de Herrero, su declaración ha durado pocos minutos y se ha limitado asumir los «hechos» que se le imputan. Es decir, que emitió a su nombre facturas al organismo por trabajos que en realidad realizó el informático para fingir así que se habían adjudicado a distintas empresas, aunque el dinero acabó en las cuentas del entonces amigo de Borràs.

Lo hizo porque «recibía instrucciones de Isaías». Pujol, al igual que el informático, se ha negado a responder a la defensa de Borràs, que ha preguntado si su cambio en la estrategia de defensa, seguida durante tres años, se debe a que la Fiscalía le ha ofrecido una rebaja de pena, respecto a la petición del escrito provisional de conclusiones, tres años.