Illa propuso un reajuste anual de 1.100 millones de gasto superfluo de la Generalitat que no aplica

En 2021, Illa, en su primera cita como líder electoral del PSC, solo unos meses antes de tomar definitivamente las riendas del partido, se comprometió a «revisar todo el presupuesto de la Generalitat con un criterio unificado de eficiencia». Un examen de la administración que pondría sobre la mesa «las inercias, las duplicidades y el despilfarro» de la Generalitat y que, tras la fiscalización, permitiría «reasignar un mínimo de 1.100 millones de euros, incluyendo el gasto dedicado al 'procés'». Para ello, el secretario de Economía y Hacienda del PSC, Francesc Trillas, desde agosto de 2024 también secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos del Govern, firmó un estudio que Illa hizo suyo. Objetivo: que la Generalitat fuera «una administración modélica», ahora «no lo es», aseguraban los socialistas.

El estudio, que el PSC siguió citando tras las elecciones de febrero de 2021 sin mostrar en público y han olvidado una vez se han hecho con la Generalitat, plantea propuestas en siete ámbitos que servirían de guía como «base de un trabajo sistemático que se iniciará por parte de una comisión 'ad hoc' desde los primeros días de la presidencia de Salvador Illa». Estas actuaciones permitirían liberar hasta 1.100 millones de euros al año llegados a 2024 para dedicarlos a «las prioridades sociales», una cifra que podría aumentar ya que el estudio señala que no se puede concretar más «sin hacer un trabajo más a fondo desde dentro de la administración», especialmente en el asunto de las subvenciones.

Los campos de actuación que Illa hizo suyos para llegar a la cifra de al menos 1.100 millones que defendió en público afectarían a los organismos públicos, al «exceso de altos cargos y gastos de dirección», a los programas y organismos «que si se centran en sus obligaciones competenciales y abandonan el partidismo 'procesista' pueden generar ahorro», a las subvenciones, a los «gastos fruto de decisiones políticas parcialmente discutibles», a las «políticas públicas basadas en la evidencia» y a la ya citada comisión de trabajo compuesta por expertos que se encargarían de analizar la estructura interna de la Generalitat.

Así, los socialistas planificaron fusionar o reducir el número de organismos públicos (Oficina Antifraude, Sindicatura de Cuentas...) porque «se mire como se mire, Cataluña tiene demasiadas entidades participadas» por la Generalitat. En 2021: 359 entes. El ahorro en este campo «puede ser no inferior a los 100 millones de euros». Illa no ha propuesto eliminar ninguno.

Entre 346 y 506 millones de euros se podrían ahorrar los catalanes si la administración autonómica redujera del 4,6% al 3% el coste de dirección, ya que es «muy alto». Con las cifras de la elaboración del informe: 1.466 millones de euros al año. Aunque el estudio es preliminar sí detalla que la Generalitat tiene un gasto partidista secesionista fácilmente detectable. Un ámbito que señala como 'procesista' es el de la Acción Exterior. Illa dio por bueno que podría reducirlo en 15 millones de euros al año. Sin embargo, en 2023, al pactar los presupuestos de ERC consolidó el departamento y aumentó su gasto, y al llegar al Govern, en 2024, puso en marcha, cumpliendo el acuerdo de investidura con los independentistas, la ampliación de las llamadas 'embajadas' catalanas o delegaciones en el extranjero.

Una de las joyas de los nacionalistas es TV3. El PSC calculó que podría ahorrar 100 millones de euros reduciendo la plantilla de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente que engloba sobre todo TV3 y Catalunya Ràdio, con jubilaciones y «reubicación de personal». Otro reajuste propuesto y olvidado: las subvenciones. En 2021 ascendían a 4.286 millones de euros. En este punto, el estudio no concreta el ahorro, pero critica que Plataforma per la Llengua se embolse 700.000 euros al año y, en cambio, el Instituto de Estudios Catalanes, una entidad histórica y de larga trayectoria académica, solo 900.000 euros. Esta semana, Illa, ya como 'president', acudió a un acto de Plataforma per la Llengua.

El reajuste del gasto público también se podría llevar a cabo en los alquileres que paga la administración autonómica por el uso de edificios que no son de su titularidad y en el coste que supone el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), un organismo público clave en el 'procés' de 2017 e investigado judicialmente por su participación en el referéndum independentista ilegal. De los 550 millones de euros que se pagaban por alquileres en 2021, los socialistas calcularon que 110 millones de euros eran prescindibles; y del CTTI, con un presupuesto de 517 millones de euros al año, se podría llevar a cabo un recorte de 200 millones de euros.