Illa pagará más a los funcionarios de Justicia que usen el catalán

Este acuerdo incluye también otros objetivos como la participación activa en la implantación de la nueva Oficina Judicial derivada de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia al servicio público de justicia. El sistema de evaluación contempla dos dimensiones: la valoración de competencias profesionales y personales (rendimiento especial, iniciativa y actividad extraordinaria), que representan un 30% de la puntuación, y la consecución de objetivos específicos de centro y de puesto de trabajo, que suponen el 70% restante.

Los objetivos de 2025 incluyen, entre otros, la correcta puesta en funcionamiento de los nuevos centros de trabajo, el uso efectivo de las nuevas herramientas informáticas y la mejora global de la actividad judicial, que se medirá a través de indicadores concretos como el número de expedientes terminados, trámites registrados, certificados emitidos o informes con uso de plantillas en catalán, y la actividad deberá aumentar al menos en dos de estos indicadores.

El acuerdo también crea una comisión paritaria de seguimiento formada por representantes sindicales y de la administración autonómica, que velará por la correcta aplicación del modelo, la resolución de incidencias y la propuesta de mejoras. El período de evaluación coincidirá con el año natural y la liquidación del complemento se realizará, como máximo, en abril del año siguiente.