Illa, entre la desobediencia o el acatamiento en el 25% del catalán

El gobierno de Illa enfrentado a la disyuntiva de cumplir con la legalidad o desobedecer; cumplir con su palabra de poner a Cataluña en el marco de la seguridad jurídica o dar satisfacción a quienes defienden la inmersión lingüística obligatoria en las escuelas, entre estos sus socios de ERC y los Comuns, de quien depende la estabilidad parlamentaria de su gobierno.

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Las asociaciones a favor del bilingüismo consultadas por ABC están convencidas de que el Govern del PSC actuará como lo hicieron los anteriores ejecutivos catalanes ante la avalancha de sentencias judiciales que han enmendado el modelo de inmersión lingüística vigente en la comunidad. Esto es, con tácticas de desgaste hacia las familias que reclaman castellano en los centros y dilaciones y tretas legales para sortear las sentencias, como fue el caso de la ley de lenguas (2022) en la enseñanza que el PSC pactó con todos los partidos menos el PP y Vox la pasada legislatura para burlar el fallo del TSJC, ratificado luego por el Tribunal Supremo, que consagraba el mínimo de 25% de castellano en la escuela. Una reforma a modo de réplica al TSJC de la que ahora precisamente el TC se posicionará sobre su constitucionalidad.

Prueba de fuego para el Govern de Illa y un nuevo test de estrés para un PSC que, desde la salvaguarda de las líneas básicas de la inmersión, históricamente había defendido una aplicación flexible. Una posición que el actual marco político ha ido moldeando a conveniencia, en primer lugar porque el acuerdo de investidura de Illa firmado entre el PSC y ERC conduce de manera clara a un nuevo choque legal cuando no directamente a la desobediencia si se quiere contentar a sus socios de investidura independentistas y de los comunes.

«El Gobierno de la Generalitat, si se pone en riesgo la prevalencia de éste criterio pedagógico –la inmersión obligatoria en catalán–, promoverá, con el consenso del resto de fuerzas políticas y entidades que defienden el modelo de la escuela catalana, las reformas y acciones necesarias para defenderlo y garantizarlo, sin abandonar nunca el objetivo», se expone en el documento de un pacto que el Govern ha reiterado que piensa cumplir a rajatabla. También la parte relativa a la inmersión, tal y como ha expresado la consejera Esther Niubó.

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Además del «modelo de escuela», el pacto con los republicanos obligaba a la creación de una Consejería de Política Lingüística –en manos del que fuera secretario de la materia en el ejecutivo de Pere Aragonés (ERC)– y a la firma de un Pacto por la Lengua al que se puso rúbrica la semana pasada. En el acto de firma del martes del citado pacto se hizo evidente una suerte de frente común por el catalán que ya señala la sentencia del TC como próxima piedra de toque. Junts no se sumó al acuerdo apelando precisamente a que no tiene sentido suscribir un pacto cuando aún se desconoce la sentencia del Constitucional sobre el 25%.

Las entidades a favor del bilingüismo tienen claro cuál va a ser la posición de la Generalitat en manos del PSC. Para Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, «lo que hará el gobierno de Illa es lo mismo que llevan haciendo todos los gobiernos de la Generalitat desde 2010: incumplir el claro mandato del Tribunal Supremo. Van a seguir manteniendo el sistema de inmersión lingüística a toda costa y haciendo uso de todas las trampas e ilegalidades que puedan, y ello pese a que, en palabras del Tribunal Supremo, es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución. Hará falta una actuación decidida y contundente del Poder Judicial para hacer cumplir la sentencia».

En la misma línea se pronuncia Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe: «Nosotros esperamos que el TC no avale la inmersión y que nuestros gobernantes acaten la sentencia sí o sí, pero que nos estemos planteando si Illa va a acatar o no una sentencia demuestra la crisis institucional en la que está nuestro país, la nula confianza en el PSC y el abismo al que nos asomaríamos si desobedeciera».