Illa consolida las embajadas nacionalistas y añade un cuerpo diplomático catalán

El jueves, el Parlamento autonómico catalán aprobó finalmente, tras un trámite exprés de urgencia de solo cinco meses y a propuesta de ERC, las modificaciones de la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea que introducen las líneas generales para la creación de un cuerpo de funcionarios de la Generalitat que actuarán como diplomáticos del ente supranacional.

A falta de conocer los reglamentos que se deriven de la ley y el coste que supondrá para las arcas públicas los salarios de alto nivel de los nuevos funcionarios, un número aún no determinado, las funciones ya definidas para este cuerpo diplomático encajan a la perfección con las de recoge cualquier diplomacia de un Estado. Así, por ejemplo, estos plenipotenciarios catalanes deberán «facilitar» y «mantener» las relaciones «con gobiernos y sus representantes en el exterior, instituciones de la Unión Europea, organismos internacionales y redes de cooperación territorial y sectorial» y trabajar en los «acuerdos de colaboración» de la Generalitat con los Estados.

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La norma, de la que el Tribunal Constitucional tuvo que eliminar en 2017 la expresión «diplomacia pública de Cataluña» y, antes, en 2015 otra serie de preceptos que chocaban directamente con las competencias del Gobierno de España, define mediante una disposición adicional tercera las funciones del cuerpo diplomático, pero, eso sí, si citar la palabra «diplomacia» o «diplomático».

Así consta en la exposición de motivos justificativa para la reforma de la ley 16/2014. «Con esta iniciativa, se busca incrementar la capacidad de atraer y retener talento, garantizar que la administración pública catalana dispone de personal preparado y con los conocimientos y las aptitudes específicos que requiere una tarea llevada a cabo en el exterior o con actores internacionales«, se deja escrito. El pleno parlamentario rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox; y Junts y Aliança votaron en contra del texto pactado por PSC, ERC, Comuns y la CUP al considerarlo insuficiente.

En cualquier caso, la voluntad de los nacionalistas de crear un 'foreign affairs' propio y al margen del compartido con el resto del país no es nueva. La ley, aprobada a finales de 2014, ya contempla que el fin último no tiene límites y así lo manifestó en el debate parlamentario Francesc Homs (CiU), entonces consejero de Presidencia y manos derecha de Artur Mas: el proyecto servirá para «construir un verdadero servicio exterior catalán».

El preámbulo de la norma, aprobada bajo el mandato de Mas, que este utilizó para poner las bases del 'procés' a nivel internacional, Carles Puigdemont exprimió al máximo en 2017, Aragonès consolidó e Illa amplía ahora, señala que la Generalitat «desde siempre», ha avanzado «con la voluntad de proyectar Cataluña como un país de prestigio, de excelencia y de calidad» y «con capacidad para interactuar con los demás territorios de Europa y del resto del mundo».

Por eso, «que la Generalitat desarrolle una acción exterior ya no se deriva tan solo de una práctica política, sino que pasa a tener carácter obligatorio y configura un ámbito de actuación legalmente establecido» y para ello se creó la ley. En resumen, una diplomacia catalana: «La presente ley debe permitir fortalecer las relaciones con la Unión Europea y seguir avanzando hacia una acción exterior eficaz y coherente, coordinada con el conjunto de actores que actúan en el escenario internacional, y también posicionar los intereses de Cataluña en el mundo y reforzar las relaciones con otros gobiernos, organismos multilaterales y redes de cooperación en la UE«.

La cuestión de fondo, más allá de la duplicidad de funciones, la posible inconstitucionalidad y de la necesidad, o no, de que un ente supranacional tenga un cuerpo de funcionarios diplomático, radica en que el 'president' socialista completa una estructura que los nacionalistas consideran «de Estado», por estar al nivel de los países –o aspirar a ello–, que, cuando los independentistas retomen el control de la Generalitat, podrán utilizar para intentar un nuevo 'procés'.

Unas intenciones que no se esconden en el preámbulo de la ley y que justifica debido a la globalización «política y económica» que han difuminado «en cierta medida el concepto de soberanía y se han modificado implícitamente las reglas de las relaciones internacionales«. En este contexto, para los independentistas y el PSC, que aprobaron la ley en 2014, la Generalitat está obligada a ejercer la diplomacia al margen de España: »Los cambios constantes en el contexto de las relaciones internacionales han hecho de la diplomacia pública un instrumento cada vez más reconocido en la acción exterior de los países por su dimensión cultural y económica, que debe también ponerse de relieve por la importante tradición que tiene en Cataluña«.

Este nuevo cuerpo de funcionarios complementará y reforzará la labor internacional que ya ejercen las delegaciones de la Generalitat o también llamadas 'embajadas', pues este es el fin último de estas representaciones en el extranjero. Illa, que pactó con ERC relanzar la acción exterior, cuenta, ahora mismo, con 21 delegaciones fuera de España (22 si se cuenta la delegación en Madrid) que cubren un total de 72 países (de Portugal a México, pasando por Corea del Sur o Italia), pues algunas de ellas tienen la representación en una zona más amplía que la de un país.