El Gobierno rebaja las expectativas de los 'diplomáticos' de Illa y advierte de que tiene medidas de control

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El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, descarta que estos funcionarios ejerzan una diplomacia paralela a la nacional. Así lo admite en dos respuestas por escrito consultadas por este diario, a preguntas del PP en el Congreso y el Senado, en las que reduce la protodiplomacia de la Generalitat a un grupo de funcionarios de competencia autonómica. El Tribunal Constitucional fijó, se recuerda en las respuestas, que «las actividades internacionales de las comunidades autónomas son válidas siempre que no impliquen compromisos jurídicos internacionales, no afecten a la política exterior del Estado y no generen responsabilidad internacional».

En la respuesta sellada en la Cámara Baja a inicios del mes de septiembre, el Ejecutivo señala que las comunidades autónomas tienen reconocido poder crear «cuerpos funcionariales especializados en las materias que son de su competencia o en las que participan competencialmente», apuntando que, además de Cataluña, La Rioja aprobó en su momento este tipo de funcionarios. Pero no es un cuerpo funcionarial equiparable al de la diplomacia reconocida a nivel internacional. Y advierte de que existen instrumentos de control.

«El Gobierno tiene a su disposición los instrumentos», incluidos en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, «para asegurar, como viene haciendo de manera ininterrumpida, que la acción exterior de todas las comunidades autónomas esté al servicio del interés general». Unas normas y mecanismos respaldados por el Constitucional, por lo menos, desde la sentencia del año 2010 que adecuó a la legalidad el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006.

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Por todo esto, el Consejo de Ministros aclara que «las actividades internacionales de las comunidades autónomas son válidas siempre que no impliquen compromisos jurídicos internacionales, no afecten a la política exterior del Estado y no generen responsabilidad internacional», deja explícito que «el Estado puede regular y coordinar estas actividades autonómicas para proteger su competencia exclusiva en política exterior» y recuerda que el Constitucional «vedó la utilización del término diplomacia, pero no las referencias a un cuerpo de acción exterior» siempre dentro de las competencias regionales.

De una manera muy parecida, en la respuesta en el Senado fechada a finales de septiembre, el Gobierno insiste en quitar relevancia a la decisión de la creación del cuerpo de funcionarios por parte de la Generalitat siempre que este se mantenga «dentro del marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable». Y reitera que el Ejecutivo «dispone (y ejerce, en todo los casos que se considere necesario) del conjunto de herramientas constitucionales y legales (...) para asegurar que dicho cuerpo ejerza sus funciones dentro del marco constitucional».

Finalmente, el Gobierno, presidido por Sánchez y que depende de los socios independentistas liderados por Carles Puigdemont (Junts) en el Congreso e Illa, en Barcelona, de los de Oriol Junqueras (ERC), desmiente que el Parlament haya creado «un cuerpo diplomático», porque «no dispone de potestad ni competencia» para esto, pero sí da por válida «la creación del cuerpo funcionarial de acción exterior y Unión Europea», del que no valora su «impacto presupuestario».