La Generalitat «refundará» su sistema de protección a la infancia tras el escándalo de la menor abusada bajo su tutela

Si el presidente Salvador Illa ya anunció la semana pasada que se iba a llegar «hasta el final», y que la Dgaia iba a regenerarse «caiga quien caiga», y esta mañana la consejera de Derechos Sociales, Mònica Marínez Bravo, ha confirmado la supresión del organismo y la creación de una nueva dirección general que reoriente las estrategias, ahora más centrados en la prevención que en el tratamiento. «El ingreso de un menor en un centro es un fracaso», ha apuntado Martínez, que, entre otras medidas ha anunciado la contratación hasta 2027 de 300 nuevos profesionales. Desde la Generalitat se reconoce que «ha habido dificultades en la coordinación entre centros y territorios con entidades y del mundo local», y también se cuestiona que la Dgaia se haya centrado en el día a día y la urgencia, «sin mirada larga y con un exceso de externalizaciones», según la consejera.

La nueva Dgaia tendrá la denominación de Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia) y contará con dos subdirecciones generales. «No es una reacción, no es un plan exprés, sino que lleva trabajándose desde hace meses. Pero a raíz de las últimas noticias hemos acelerado este trabajo», ha reconocido la consejera. Entre otras medidas acordadas, la nueva dirección tendrá menos competencias en la contratación y asignación de recursos económicos, algo que ahora asumirá de manera directa el departamento de Derechos Sociales.

En concreto, las prestaciones económicas pasarán a gestionarse desde la Dirección General de Prestaciones Sociales, por lo que se internaliza este servicio -hasta ahora a cargo de entidades externas-, y la contratación de plazas estará a cargo de la Dirección General de Provisión de Servicios, que ya lo hace en ámbitos de discapacidad y gente mayor, si bien la gestión de dichas plazas seguirá a manos de la Dgppia.

Se creará una nueva Oficina de Control de la Gestión que reportará directamente al director general, que elaborará un nuevo plan de integridad, nuevos códigos éticos y nuevos canales de denuncia y protección, así como encargará las auditorías cuando corresponda.

Noticia Relacionada

Cuando quien tutela no ampara: menores vulnerables en redes de pederastia

Elena Burés

Los cambios anunciados hoy, de hecho, se producen después de que el Govern de Salvador Illa cesase a la cúpula de la Dgaia el pasado marzo, bajo el pretexto de darle un nuevo impulso. Lo cierto es que la Sindicatura de Cuentas detectó mala praxis en su gestión entre 2016 y 2020, como detallaron el año pasado en un informe que recoge que, durante el citado periodo, el organismo contrató 154 centros por el procedimiento de emergencia «sin que se diesen los motivos recogidos en las leyes de contratos para hacerlo».

En cifras, tanto la Dgaia como el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (Cssbcn) tramitaron gasto por 94,99 millones de euros y 19,59 millones, respectivamente, mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito. De hecho, recoge la Sindicatura, el consorcio pagó gastos por 12,57millones «sin ningún amparo formal para hacerlo». La investigación de Antifraude, a raíz de la denuncia de un particular trabajador en noviembre de 2024, se centra en las entidades encargadas de realizar un seguimiento de las ayudas de la Dgaia a extutelados: la Fundación Resilis, que gestiona el servicio de promoción de la emancipación, y la UTE Fundación Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, que hace el seguimiento y valoración de la prestación.