Quiénes son los líderes del 'procés' que se benefician si se reforma el delito de sedición

A falta de concreción del Ejecutivo socialista, la hipótesis que está sobre la mesa es una rebaja de la pena de este tipo delictivo por debajo de los cinco años de cárcel, del máximo de 15 previstos en la actualidad si el ilícito lo cometen «personas constituidas en autoridad». Una modificación que conllevaría también una reducción de la prescripción, es decir, del tiempo que puede transcurrir para que el delito ya no pueda ser perseguido. Un plazo que comenzaría a computar, indican las fuentes jurídicas consultadas, desde la última actuación del tribunal en relación al procesado.

«Aunque llegase a derogarse el delito de sedición, está acusado también de malversación», explica a este diario Gonzalo Boye sobre su defendido Carles Puigdemont, por lo que la rebaja penal o incluso la improbable despenalización de la sedición no evitaría su entrada en la cárcel. Es decir, si el expresidente de la Generalitat decidiese volver a España –tras su marcha a Bélgica fue declarado en situación de rebeldía por el Supremo–, sería detenido y juzgado y no eludiría la prisión.

Lo mismo ocurre en el caso de los exconsejeros fugados. Excepto Lluís Puig, que está procesado por desobediencia y malversación, tanto Clara Ponsatí como Toni Comín lo están por sedición y malversación, al igual que Puigdemont, con lo que la reforma del Código Penal tampoco evitaría su entrada en la cárcel, tras ser enjuiciados. La pena a la que se enfrentan la conocerán en caso de que se pongan a disposición de la Justicia española, aunque la reforma de la sedición sí podría suponer menor tiempo entre rejas, sin perjuicio de que el Ejecutivo socialista también pudiese concederles el indulto, una vez condenados.

Caso distinto es el de Marta Rovira, que se fugó a Suiza para eludir la acción de la Justicia. Aunque está procesada por rebelión, como el Supremo descartó la comisión de este delito, en la práctica tendría que responder por el de sedición. Así, cualquier rebaja penal del mismo la beneficiaría. Además, como la euroorden emitida contra ella data de marzo de 2018 y desde entonces no se han producido avances en su procedimiento judicial, si la tipificación penal se fija por debajo de los cinco años de cárcel, implicaría que en 2023 el ilícito podría haber prescrito.

En cuanto a los nueve líderes del 'procés', condenados por sedición y malversación, la rebaja penal supondría una disminución de la inhabilitación asociada, es decir, les permitiría volver a acceder a un cargo público en menos tiempo, ya que la medida de gracia fue parcial, conmutando solo la pena de prisión. Entre los que se beneficiarían de esta medida están el vicepresidente de ERC, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y el extitular de Interior Joaquim Forn.

De los huidos que se han entregado ante el Supremo, Merixtell Serret (ERC) y Anna Gabriel (CUP), la primera estuvo procesada por malversación y desobediencia, aunque como su departamento, Agricultura, no incurrió en gastos para el 1-O solo será juzgada por el último ilícito, que no conlleva penas de cárcel, aunque sí inhabilitación. La antisistema, que huyó a Suiza, solo ha estado procesada por desobediencia, con lo que la reforma del Código Penal no tendrá incidencia en sus casos.

Tampoco se beneficiarían de la eventual reforma del delito de sedición la cuarentena de exdirigentes y altos cargos a la espera de juicio por su implicación en el desafío secesionista, ya que excepto Puigdemont, Rovira, Ponsatí y Comín, ninguno de ellos está procesado por dicho ilícito. A la mayoría se les imputan malversación, desobediencia y prevaricación.

Una de las cuestiones que queda en el aire es la posible reacción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si finalmente llega a producirse la modificación del Código Penal. Si el pretexto bajo el que se pertrecha la reforma es que las actuales penas –de ocho a diez años, o de diez a 15, si fueran personas constituidas en autoridad– son desproporcionadas, supondría un argumento de peso para los condenados que han recurrido el fallo del Supremo, a la hora de desvirtuarlo.