Los funcionarios retoman las protestas en las cárceles catalanas y 4.000 presos no pueden salir de sus celdas

Las protestas han comenzado sobre las 7.30 horas y afectan a las cárceles de Wad-Ras, Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Lledoners (Barcelona), Mas d'Enric (Tarragona), Puig de les Basses (Gerona) y Ponent (Lérida). Según ha detallado Justicia, en la mayoría de ellos no se podrán abrir las celdas. Lo que sólo entre en los dos penales de Brians afectará a unos 2.800 internos. Por el momento, sólo se han podido abrir en Quatre Camins, aunque los reclusos no han podido realizar actividades ni acudir a los talleres, apunta el departamento. Una nueva movilización después de que los funcionarios hayan rechazado acudir a la cita con los responsables de la consejería, y es que las asociaciones de trabajadores insisten en que antes deben producirse dimisiones. Bien la de la titular de Justicia, Gemma Ubasart, o la del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó.

Ambos rechazan abandonar sus cargos, e insisten en la necesidad de retomar el diálogo. Ayer, durante una rueda de prensa, Ubasart reiteró: «Estamos dispuestos a hablar de todo, pero para eso tenemos que sentarnos. Hablando se entiende la gente». También esta mañana, la consejera ha repetido que «el equipo está funcionando a pleno rendimiento» y que «cada pieza es necesaria».

La titular del departamento sostiene que la movilización «pone en riesgo la seguridad de internos y trabajadores», por eso ha vuelto a reprochar que el derecho a la protesta no puede vulnerar el de los internos. Según Justicia, el bloqueo de los funcionarios ha impedido que algunos abogados puedan visitar a sus clientes. Tampoco se han efectuado algunas salidas «de tipo judicial» o comparecencias virtuales. Lo que Ubasart ha comparado con las restricciones en época de pandemia. «La situación es grave, nos preocupa».

Tras el plantón de esta mañana, ha insistido en su «llamada al diálogo a las organizaciones sindicales para reconducir la situación», pero tampoco acudirán los funcionarios a la reunión programada para las 14.00 horas, según detallan a este diario. Consideran que, tras la gravedad de lo ocurrido, ahora el único interlocutor válido es el presidente Pere Aragonès, o la vicepresidenta Laura Vilagrà, sostiene el delegado de Iac-Catac, Carles Membrano.

Además, denuncian que en algunos centros se han dado órdenes para que los funcionarios que acudieron el domingo a sus puestos -cuando se levantó el bloqueo- no abandonen los penales, y así poder garantizar el normal funcionamiento de los mismos. También, apuntan las mismas fuentes, con llamadas a interinos en las que se les había saber que si no acudían, serían despedidos. «O entráis o cesados ya», era la amenaza. Extremo que ha negado Calderó.

Desde CC.OO también rechazan cualquier encuentro con Ubasart y reprochan que el «Govern premia y refuerza, profundizando aún más en el error», al secretario de medidas penales, al que consideran responsable, con sus políticas, del incremento de agresiones en los centros penitenciarios. «Tienen que asumir responsabilidades y que haya ceses o dimisiones. Las políticas de Calderó y sus decisiones han dado lugar al asesinato de Nuria, y sin un giro de 180 grados, que llevamos años solicitando, será otra vez lo mismo», explica a ABC su delegado, Carlos de Ardanaz.

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Elena Burés

Desde UGT, Xavier Martínez, ha tildado de «provocación» la convocatoria de reunión del Govern, al ser conscientes de las peticiones de cese de los funcionarios para sentarse a negociar. Fue solo unas horas después de que un preso matase a Nuria, cocinera de Mas d'Enric, cuando seis sindicatos exigieron la marcha de Ubasart. El individuo, condenado por matar a otra mujer a cuchilladas en 2016, ejercía como 'cabo' -un cargo de confianza- en la cocina del penal. Extremo que el departamento todavía no ha explicado, bajo el pretexto de una investigación interna, cuyos resultados se conocerán durante esta semana.

Los funcionarios recuerdan que llevan años alertando del incremento de ataques en los penales, de la merma de las plantillas y de su envejecimiento, ante la inacción de sus responsables pese a sus reclamos. Así, después de anunciar que el domingo levantarían los bloqueos para permitir las visitas familiares programadas, y facilitar el trabajo de sus compañeros, han retomado su movilización en las prisiones.

Una movilización que ha generado un reproche por parte del Consejo de la Abogacía de Cataluña, que agrupa a los catorce colegios profesionales del territorio. Tras condenar primero el asesinato de la trabajadora de Mas d'Enric, han apuntado que «el legítimo derecho a la protesta en ningún caso debe impedir el ejercicio al derecho a la defensa». Además, los letrados han criticado que la protesta de los funcionarios no está amparada por una convocatoria formal de huelga, con la consiguiente implantación de servicios mínimos, y por ello afecta «a la asistencia letrada y de comunicación, tanto presencial como por videoconferencia» de los reclusos.

«Lamentamos que esta situación puede suponer la suspensión de vistas o la afectación de los traslados de los presos a sus comparecencias ante los órganos judiciales», reza el texto del Consejo, que exige a la Administración que tome las medidas necesarias «para resolver este conflicto de forma urgente».

Según los datos que recoge el servicio informático penitenciario, entre el 14 y el 18 de marzo se ha anulado 119 salidas judiciales. De estas, 41 juicios orales, 18 videoconferencias y 60 diligencias judiciales. También ocho traslados para acudir a juicio.