Los funcionarios de prisiones se plantan y exigen la dimisión de la consejera de Justicia tras el crimen de la cocinera de Mas d'Enric

Lo único que indicó la consejera Ubasart fue que Justicia había abierto una «investigación interna paralela a la judicial y policial» y que sus «conclusiones» se aplicarían. Fue la víspera, el miércoles, sobre las cinco de la tarde, cuando un funcionario de prisiones encontró los dos cadáveres en la cámara frigorífica de la cocina de Mas d'Enric. El de Nuria, con heridas de arma blanca en el cuerpo. El del interno, Iulian S., en el cuello. Por eso la principal hipótesis de los Mossos d'Esquadra es que la mató para luego suicidarse.

Habían pasado más de cuatro horas cuando el departamento, que no contestó a ningún requerimiento informativo, apuntó, mediante redes sociales, que colaboraba «con la investigación para aclarar las circunstancias de dos muertes violentas» en Mas d'Enric. Ninguna referencia a que un interno había matado a una empleada, lo que indignó aún más a los funcionarios de prisiones, que llevan años alertando del «alarmante aumento de las agresiones» en los penales catalanes, y de la inacción de Justicia ante sus reclamos para dotarlos de más medios y personal, ante un plantilla eminentemente envejecida.

No es un reclamo nuevo, como recuerda Alberto Gómez desde CSIF, una de las organizaciones que este viernes, cuando centenares de funcionarios han bloqueado los accesos a la mayoría de prisiones de la comunidad, ha apuntado que la protesta durará hasta que servicios penitenciarios se comprometa a tomar «medidas drásticas» para salvaguardar la integridad física de los trabajadores.

También desde CC.OO. han denunciado la inacción de Justicia y exigen la dimisión o cese de los responsables de la gestión penitenciaria en Cataluña. Es una petición unánime de seis organizaciones de funcionarios de prisiones -también UGT, Iac-Catac, Intersindical y Acaip- ante un crimen «que ha sido la gota que ha colmado el vaso», apuntan. Y es que durante la mañana del mismo miércoles, cinco funcionarios del penal de Quatre Camins (Barcelona) resultaron heridos tras el ataque a golpes y mordiscos de un interno.

Las estadísticas recogen lo que denuncian los sindicatos. Durante los primeros ocho meses de 2023, en Cataluña se registraron 468 ataques de presos a funcionarios. De ellos, 87 graves, según los datos de la Administración que recoge la asociación Marea Blava. Un informe que muestra un incremento cercano al 20 por ciento de este tipo de agresiones en los nueve centros penitenciarios del territorio, en el citado periodo.

También aumentaron las agresiones sexuales, entendidas como incidentes no consentidos con contacto físico o conductas explícitas. Fueron 16 los registrados entre enero y agosto del año pasado, el doble que durante el mismo periodo de 2022. Entre las víctimas, además de funcionarias, también tres voluntarias, una psicóloga, una profesora, una educadora, una enfermera y una cocinera.

Ese incremento de incidentes violentos se une a la falta de personal y es «insostenible». «No es un reclamo oportunista tras la tragedia», puntualiza Gómez, que recuerda que llevan mucho tiempo alertando de los riesgos que supone dicha situación para los trabajadores.