Francesc Rubiralta, sobre el préstamo de 500 millones en Celsa: «Si se hubiera reclamado la deuda, se hubiera pagado con acciones del grupo»

La propiedad de la siderúrgica señala a Rubiralta como responsable de «presuntas conductas contrarias a sus deberes como administrador», mientras que éste ha indicado que, cuando entró en Celsa, en 2010, fue cuando se le «informó» de los créditos. Cuestionado sobre su destino, ha detallado que fueron «ampliaciones de capital de empresas extranjeras del grupo», algo que era «conocido, aceptado y constaba en las cuentas anuales auditadas».

El abogado de los demandantes le ha preguntado si «nunca tuvo la intención de devolver el crédito», a lo que Rubiralta ha contestado que el consejo de administración «conocía perfectamente lo que se había hecho antes de 2017» y que la prórroga de dichos créditos «era automática». «Si querían hacer otra cosa, podían reclamar», ha insistido. «Ni antes de 2010, y hasta el 2023, nunca se reclamó este crédito intragrupo». «¿Por qué no se hizo?», ha insistido el letrado. «Porque el foco estaba puesto en resolver la situación financiera del grupo Celsa. A partir de abril de 2023 se decidiría qué hacer. No entiendo que se me reclame a mí algo que los socios podían haber hecho antes, ejecutando acciones, reclamando el crédito intragrupo», ha indicado Rubiralta.

Cabe recordar que la siderúrgica Celsa es propiedad de un grupo de fondos desde septiembre de 2023, cuando la Justicia avaló que los acreedores sustituyeran a la familia Rubiralta en la propiedad, al convertir su deuda en capital. Fue una decisión del Mercantil 2 de Barcelona, que acordó la homologación del plan de reestructuración y dio vía libre a los fondos de inversión para tomar el control del grupo. Permitió así a los inversores hacerse con la propiedad del gigante industrial del acero, desalojando a sus entonces propietarios. La resolución señaló así que dicho plan reunía todos los requisitos legales, dado que el importe de la deuda era muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores, se aseguraba la viabilidad del grupo.

Posteriormente, en una junta de accionistas en junio de 2024, Celsa acordó emprender acciones legales contra Rubiralta para tratar de recuperar estos préstamos. Ahora, sus nuevos propietarios reclaman responsabilidades al anterior administrador. Le acusan así de haber dado prioridad al patrimonio familiar por encima de las necesidades financieras del grupo.

Entre los testigos que han declarado este lunes en el juicio, Manuel Martínez Fidalgo, asesor financiero de los acreedores y ahora de Celsa, quien ha indicado que los fondos, tras tomar el control de la compañía, pidieron una reunión con sus responsables para que les detallasen el origen de ese préstamo intragrupo de 500 millones de euros y que, al repasar los asientos contables que dieron origen a la deuda, figuraban unos 120 millones para dividendos o bien 60 millones destinados a recompra de acciones. Martínez Fidalgo ha asegurado que los fondos no asumieron que el crédito no se fuera a repagar.

Otra de las cuestiones que se ha abordado durante el juicio es el borrado masivo de información de los ordenadores y móviles de los máximos responsables del grupo Celsa, incluyendo a Francesc Rubiralta, cuando la compañía cambió de propietarios en 2023. Aunque éste ha justificado la actividad como un proceso de prevención ante posibles ciberataques, una perito de FTI Consulting ha certificado que las instrucciones que se llevaron a cabo fueron «las contrarias». Es decir, mientras que el proceso para blindarse ante posibles incursiones pasa por «proteger la información», en este caso se eliminó y se ordenó que «no quedase documentación de las acciones que se llevaron a cabo». Entre estas, el borrado del correo de Francesc Rubiralta y su padre. Antes, el primero se la descargó en un 'pendrive'. Era, según la perito, «información sensible y de contenido determinante para la sociedad».